A poco más de cinco meses de que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó su política antimigratoria, ya no hay espacio en los centros de detención federales, ni en los concesionados por el Servicio de Migración a Core Civic y otras empresas particulares.
Por ese motivo, según el vocero del buró federal de prisiones, el ICE ha trasladado al menos a 700 personas migrantes detenidas en redadas, entre ellas, mexicanas, a ocho cárceles manejadas por ese buró.
Organizaciones sociales y políticos han denunciado que se viola el debido proceso porque las personas inmigrantes tienen que convivir con delincuentes considerados peligrosos.
“Son decenas de personas que están horrorizadas, sin representación legal, detenidos, sin abogados, por el servicio de migración. Sienten ese miedo y no saben cuándo podrían volver a reunirse con sus familias”, dijo la concejal Demócrata de Nueva York, Alexa Avilés.
Se sabe que 93 por ciento de las personas migrantes detenidas no tienen antecedentes penales, denunció la asociación de asistencia legal.
Se trata de prisiones ubicadas en los estados de Georgia, Washington, Pensilvania, Nueva Hampshire, Hawai, Florida y Nueva York.
La cárcel de Brooklyn, en Nueva York, está considerada con un régimen severo, y se reportan denuncias por hechos de violencia entre reos, negligencia médica y violaciones a los derechos humanos y civiles, como documentó la asociación de asistencia legal.
En tanto, en la cárcel de Miami, Florida, murió, en custodia, el canadiense John Novello, de 49 años.
El diario The New York Times publicó que el gobierno de Trump pidió a 58 países, entre ellos México, Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica, recibir a personas migrantes deportadas de otras nacionalidades distintas.