El gobierno indio se prepara para imponer nuevas reglas estrictas en las redes sociales estadounidenses, a las que acusa de desequilibrio en el tratamiento de los contenidos controvertidos.
El enfrentamiento del gobierno indio con Twitter y Facebook continúa con la entrada en vigor de nuevas reglas que empezarán a regir en tres meses y obligarán a las redes sociales, los servicios de transmisión en línea y los servicios de noticias digitales a eliminar en el curso de 24 horas cualquier contenido que provoque una queja por parte de un individuo o de una organización.
También tendrán que revelar el origen de un “tuit o mensaje malicioso” si un tribunal indio o el gobierno así lo requiere.
Para defender esta medida, Ravi Shankar Prasad, ministro de Tecnologías de la información, recordó que Twitter se negó a retirar mensajes relacionados con manifestaciones violentas de agricultores en Nueva Delhi en enero, mientras que la red actuó de otra manera durante el asalto al Congreso de Estados Unidos por parte de activistas pro Trump en Washington veinte días antes eliminando las cuentas.
Cuando el Congreso de Estados Unidos en el Capitolio es atacado, las redes sociales apoyan la acción policial. Pero en un ataque violento contra Lal Qila, es diferente”, manifestó.
El ministro hizo referencia a las manifestaciones del 26 de enero, día de fiesta nacional en India, cuando las protestas contra las reformas agrícolas degeneraron en disturbios en toda la capital y los agricultores irrumpieron en el Fuerte Rojo (Lal Qila), símbolo de la independencia de India.
Tras el incidente, el gobierno nacionalista hindú ordenó a Twitter que borrara cientos de cuentas y tweets que apoyaban las manifestaciones.
Pero Twitter suspendió algunas cuentas permanentemente y bloqueó brevemente otras, para consternación del gobierno.
Bajo las nuevas reglas que se impondrán, las redes sociales también deberán designar a un agente encargado de la regularización de las quejas, ambos con sede en India.
Al mismo tiempo, un organismo de autorregulación encabezado por un funcionario designado por el gobierno tendrá la autoridad de advertir o censurar una plataforma, obligarla a presentar disculpas o incluir una advertencia o cláusula de no responsabilidad con respecto al contenido.