Han pasado 21 años desde que el 25 de mayo del 2000, Jineth Bedoya aguardaba para una entrevista en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá, más conocida como ‘La Modelo’. La periodista investigaba la masacre de 32 presos, ocurrida el 27 de abril del mismo año, considerada uno de los hechos más sanguinarios en la historia carcelaria de Colombia. Esta cárcel era una de las más custodiadas del país, debido a que en su interior estaban jefes paramilitares como Ángel Gaitán, Miguel Arroyave y ‘Popeye’, el jefe de sicarios de Pablo Escobar.
La periodista fue llevada con engaño a la entrada de la prisión, para entrevistarse con un jefe paramilitar; sin embargo, fue víctima de secuestro, tortura y violación. Posteriormente fue abandonada en una carretera.
Desde entonces, Jineth Bedoya inició una larga lucha para obtener justicia. Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició las audiencias públicas, para juzgar de manera histórica al Estado Colombiano por su actuación impune y por la violación a los derechos humanos.
Durante la audiencia Jineth rindió su declaración ante la Corte y expuso que lleva más de 25 años ejerciendo su profesión cuyo enfoque ha sido el conflicto armado colombiano y los temas judiciales. Compartió que, entre 1999 y el 2000, ella era comunicadora del periódico El Espectador y documentaba un caso de tráfico de armas y compra-venta de secuestros, además de otras violaciones de derechos humanos que se cometían en ‘La Modelo’, conocido por ser uno de los centros penitenciarios más peligrosos del mundo.
La investigación que ella llevaba a cabo tenía un componente fundamental: en dicho recinto carcelario convergían todos los grupos armados de Colombia (paramilitares, guerrilleros, la mafia del narcotráfico y delicuencia organizada). La periodista señaló que:
Lo parodójico era que publicamente, los agentes del Estado combatían a estos grupos ilegales, pero dentro de la cárcel eran aliados y tenían alianzas para vender ese armamento, para negociar, traficar y para surtir a algunos frentes de las FARC y al paramilitarismo. La cárcel ‘La Modelo’ era la oficina que conectaba a todo el crimen del país, en ese momento”.
Sus investigaciones iniciarion desde 1997. Sin embargo, tal como compartió Jineth Bedoya ante la Corte, las amenazas empezaron desde 1998. Un año más tarde, ella y su madre, sufrieron un atentado que se denunció, pero no se investigó. Por dichas amenazas se vio obligada a dejar la emisora RCN Radio. Posteriormente trabajó en El Espectador y continúo con sus investigaciones.
Después de la masacre del 27 de abril en ‘La Modelo’, la reportera ingresó a la cárcel para continuar su trabajo de investigación y las amenazas se volvieron constantes: “recibimos llamadas en donde me decían que me quedaban tres días de vida y lo último fueron amenazas escritas.” Acudió a la policía para interponer una denuncia y le indicaron que para terminar con las amenazas debía entrevistarse con un jefe paramilitar. “El 25 de mayo acudí para entrevistar a ese jefe paramilitar. Lamentablemente era una trampa,” compartió la periodista y rompió en llanto.
Jineth recordó que ese día llegó a la entrada del penal, y mientras su jefe fue por el fotógrafo para ingresar a la entrevista, la periodista fue abordada por un hombre y una mujer. Fue intimidada y llevada a una bodega en donde fue golpeada y torturada. Posteriormente, la sacaron de la ciudad y después de una larga travesía fue víctima de violencia sexual masiva. Después “me abandonaron en una carretera casi muerta.” Sus captores le manifestaron, de forma reiterada, que era un escarmiento para la prensa Colombiana “me decían que los periodistas nos metíamos donde no debíamos meternos, que eramos un mal para el país. Que la real plaga no eran ellos, sino los periodistas.”
Después de aquellos eventos, la periodista fue sometida a constantes amenazas, intimidaciones y persecuciones. También así sus fuentes que han colaborado en la investigación. Incluso, señaló, una de sus fuentes fue asesinada después de un encuentro con ella y otro fue internado injustamente en un hospital psiquiátrico. Fue revictimizada por parte de la Fiscalía que llevaba su caso: su proceso estuvo paralizado por 11 años, fue obligada a investigar por cuenta propia y tuvo que relatar 12 veces la violencia y las agresiones sexuales.
En su investigación la periodista encontró que la persona que ordenó su secuestro fue un alto funcionario de la policía “en complicidad con otras personas de la policía y otras organizaciones criminales.” Jineth reunió pruebas, grabaciones y testimonios, “pero todo eso se perdió, parte del expediente se perdió los meses siguientes.”
También por su ejercicio periodístico, fue secuestrada en el 2003, por el Frente 44 de las FARC junto al reportero gráfico con el que trabajaba. Después de ocho días de cuativerio, fue liberada, pero sufrió amenazas y persecusion, “mis comunicaciones han estado intervenidas por 21 años,” relató.
Su caso fue admitido en la Corte Interamericana de Derecho Humanos en el 2019.
El caso de Judith fue llevado a la Fiscalía en el 2000, pero el proceso no fue fructífero. En el 2009, la periodista contó públicamente su historia, a través la iniciativa de Intermon Oxfam, para denunciar la violencia sexual en Colombia. Desde entonces, lidera la campaña ‘No es hora de callar’, un proyecto en donde las mujeres denuncian agresiones sexuales y violencias de género, para visibilizar dichas problemáticas.
Hasta el 2011, Bedoya Lima con apoyo de Intermón Oxfam y la Fundación para la Libertad de Prensa, denunció al Estado Colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue hasta el 2014, después de recaudar evidencias, que la Comisión aceptó el caso. En el documento se lee que “se reconocen las violaciones de los derechos de la presunta víctima, así como falta en la administración de justicia, que alegadamente se extienden hasta el presente. Lo anterior presuntamente comprometería […] por acción u omisión, la responsabilidad estatal” (CIDH, 2014, p. 10).
Hoy durante la audiencia se argumentó que el Estado colombiano conoció el caso y los riesgos que enfrentaba la periodista, no obstante, no adoptó las medidas necesarias para protegerla. Asimismo, con el contexto de violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto armado colombiano, el Estado no actúo con las diligencias necesarias para proteger y evitar tal violencia contra Jineth.
Este es el primer caso en el que la CIDH tendrá la oportunidad de inferir y pronunciarse sobre las obligaciones de los Estados que deben adoptar, para proteger con enfoque de género y garantizar la seguridad de las mujeres periodistas. Cabe señalar también, que es la primera vez que la CIDH se pronuncia y reconoce la violencia sexual en Colombia.
Cabe destacar que la postura del Estado Colombiano alegó “falta de objetividad y pre juzgamiento de parte de los jueces”, por lo que se retiró de la audiencia pública.
Posterior a las audiencias, la Corte dará su veredicto y se conocerá la condena internacional.
Impactos y reparación del daño: “Mi gran sueño es ser esa reportera que era antes del 25 de mayo del 2000, esa es la vida que yo quiero recuperar.”
Durante la audiencia, la periodista enfatizó que tales acontecimientos tuvieron impactos irreparables:
Mi vida se destruyó. A mí me mataron la mañana del 25 de mayo. Yo he sacado valor, amparándome en el periodismo, creo que ha sido mi oxígeno para salir adelante; y en las mujeres que, como yo, han sido víctimas de violencia sexual. He creído que la palabra es la mejor forma de transformar el dolor.
Más adelante señaló que hay varias cosas que no le permiten cerrar el ciclo como no tener libertad para ejercer su oficio y ver las marcas físicas, por la violencia sexual y la tortura, y la persistencia de la impunidad.
Jineth consideró que es imposible reparar el daño por violencia sexual, “¿cómo se puede reparar algo que queda quebrado en mil pedazos?” No obstante, enfatizó que algo realmente reparador, para ella y para las víctimas, sería la clausura de la cárcel ‘La Modelo’ y su conversión a un centro de memoria para víctimas de violencia sexual, porque dicho espacio es el símbolo de la impunidad.
La periodista consideró que si la Corte sentara “una posición para revisar con enfoque de género el trabajo que realizamos las mujeres que comunicamos, sería un paso fundamental para este hemisferio.” Consideró que no sólo en Colombia, sino en América Latina, a las periodistas se les intimida, señala y estigmatiza no por su profesión, sino por su condición de género. Compartió ante la Corte que si el 25 de mayo hubiera sido un hombre, le habrían enviado un sicario, pero por ser mujer la torturaron y violaron: “por nuestra condición de género no nos pueden castigar.”
En el 2014 se presentó el decreto presidencial de Juan Manuel Santos, para instaurar el 25 de mayo el “Día por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado Interno”, por lo que se considera una iniciativa de la repación de los daños para la periodista. En el 2015, comenzaron las indagatorias sobre los delitos sexuales perpetrados durante el conflicto armado Colombiano.
Cabe destacar que el Observatorio de Memoria del Conflicto, reportó que se registraron 14.982 casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano de 1958 a 2016, y 15.076 víctimas de violencia sexual.
En el período que va de 1985 al 2016 (fecha en la que se reconoce a las víctimas del conflicto armado según la Ley 1448) se tienen 14.254 casos y 14.309 personas víctimas, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Colombia es uno de los países en donde se han cometido más delitos de violencia sexual, en el marco de un conflicto armado. Jineth declaró que “a este país le costó muchas décadas reconocer que la violencia sexual había sido usada como un arma de guerra.”
Además, señaló que 8 de cada 10 mujeres periodistas, según fuentes de la campaña que encabeza, abandonaron sus fuentes por miedo a sufrir violencia.