Tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el juez que supervisa su caso de interferencia electoral en 2020, canceló los plazos judiciales restantes, mientras los fiscales evalúan “el curso apropiado a seguir”.
El fiscal especial Jack Smith, acusó a Trump el año pasado de conspirar para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 -que ganó Joe Biden- y de acumular ilegalmente documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago.
Pero el equipo de Smith ha estado evaluando cómo cerrar los dos casos federales antes de que el virtual presidente electo asuma el cargo, debido a la política de larga data del Departamento de Justicia, que dice que los presidentes en funciones no pueden ser procesados.
El virtual presidente de EUA ha criticado ambos casos por considerarlos motivados políticamente y ha dicho que despediría a Smith “a los dos segundos” de asumir el cargo.
Mientras tanto, Smith solicitó cancelar cualquier plazo judicial próximo, argumentando que necesita “tiempo para evaluar esta circunstancia sin precedentes y determinar el curso apropiado a seguir en conformidad con la política del Departamento de Justicia”.
Trump espera eludir todas las causas penales
Jugando con el tiempo, Donald Trump consiguió aplazar la mayoría de los juicios penales hasta después de las elecciones presidenciales, y ahora, tras los resultados electorales, confía en que no tendrá que sentarse en el banquillo.
Sin embargo, un último obstáculo judicial le aguarda el 26 de noviembre en Nueva York, antes de su regreso oficial a la Casa Blanca el 20 de enero: la condena en el único de sus cuatro procesos penales que sus abogados no han logrado retrasar más allá de 2024.
Declarado culpable el 30 de mayo por el tribunal del estado de Nueva York de “falsificación contable agravada para ocultar una conspiración para pervertir las elecciones de 2016”, en teoría podría enfrentarse hasta a cuatro años de cárcel.
Este caso involucra el pago de 130 mil dólares, disfrazado como honorarios legales, a la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels para ocultar una relación sexual en 2006, que Trump niega.
Pero la posibilidad de que el juez Juan Merchan le imponga una pena de prisión parece ahora muy improbable, dadas las insuperables dificultades prácticas que supondría encarcelar a un presidente electo y luego en ejercicio, según los expertos.