Obligado por un tribunal superior, un juez de Texas dictaminó que se mantenga la vigencia del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia(DACA).
El juez de Distrito, Andrew Hanen, declaró en 2021 como ilegal este programa que protege a los llegados a Estados Unidos en la infancia, pero un tribunal ordenó revisar esa sentencia a la luz de las mejoras legales introducidas por la administración de Joe Biden.
Así, el nuevo fallo confirma el impedimento a la deportación de al menos 600 mil jóvenes llamados “dreamers”, amparados por el DACA en todo Estados Unidos.
No podrá haber nuevas inscripciones al DACA, pero los beneficiarios actuales pueden seguir en el programa y solicitar su renovación.
En una audiencia el viernes 14 de octubre, Hanen les ordenó a los abogados que le den mayor información sobre la nueva reglamentación del programa y dijo que espera más argumentos legales relativos a la misma, pero no se fijaron fechas para las futuras audiencias. Tampoco quedó claro cuándo emitirá su fallo final sobre la causa, que se prevé termine nuevamente ante la Corte Suprema.
“La legalidad de la nueva regulación de DACA, es ahora la tarea ante esta corte”, dijo Nina Perales, abogada del Mexican American Legal Defense and Educational Fund (Fondo Mexicano Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación), o MALDEF, que representa a los beneficiarios del DACA, después de la audiencia del viernes.
Karina Ruiz de Diaz, una beneficiaria que es representada por MALDEF y quien participó en la audiencia, dijo sentirse aliviada por la decisión de Hanen de mantener en vigor el programa, pero molesta porque el juez declinó abrirlo a miles de nuevos solicitantes que necesitan sus protecciones.
Ruiz fue parte de un grupo de más de 50 activistas y beneficiarios del DACA que se reunieron antes y después de la audiencia para expresar su respaldo al programa en un parque junto al edificio de la corte federal. Los manifestantes llevaban carteles que decían: “Juez Hanen, haga lo correcto, proteja el DACA” y “Los inmigrantes son bienvenidos”.
“Era importante estar presente en la audiencia. No queremos que el juez piense que se trata de un concepto abstracto. Quiero que vea nuestras caras, para que vea que está impactando a personas reales”, dijo Ruiz, de 38 años, que viajó desde su casa en Phoenix para estar en la audiencia.
La versión actual del DACA, creada por el gobierno del presidente Joe Biden para mejorar sus posibilidades de sobrevivir a una impugnación legal, tiene programado entrar en vigencia el 31 de octubre.
El caso regresó ante Hanen luego de que el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito dijo la semana pasada que el juez debía volver a examinar el DACA tras las revisiones adoptadas por el gobierno.
Hanen declaró el año pasado que el DACA es ilegal tras una demanda entablada por Texas y otros ocho estados de tendencia republicana con el argumento de que los perjudica financieramente al causar gastos de cientos de millones de dólares en salud, educación y otros. Sostuvieron también que la Casa Blanca se extralimitó al otorgar beneficios a los inmigrantes, usando una autoridad que le corresponde al Congreso.
“Solamente el Congreso tiene la capacidad de redactar las leyes de inmigración de nuestro país”, dijo el fiscal general de Texas Ken Paxton en un comunicado el jueves.
Hanen concluyó entonces que el DACA no había sido sujeto al aviso público y el período de comentarios del público requeridos por la Ley de Procedimientos Administrativos. Pero dejó intacto el programa aprobado durante la presidencia de Barack Obama para los que ya se habían beneficiado, a la espera de la apelación. Había 611 mil 270 personas inscritas en el DACA en marzo pasado.
Un panel de tres jueces de la corte de apelaciones en Nueva Orleans ratificó el fallo inicial de Hanen, pero le devolvió el caso para que revise el impacto de la nueva reglamentación.
Dicha reglamentación, de 453 páginas, es mayormente técnica y contiene escasos cambios con respecto al memorando de 2012 que creó el DACA, pero fue sometida a discusión pública como parte del proceso formal para la elaboración de nuevos reglamentos.