Un juez federal de la Corte de Distrito en Boston, Massachusetts, emitió este viernes su decisión en el caso presentado por el Gobierno de México en contra de la negligencia de empresas estadounidenses que fabrican, distribuyen y venden armas de fuego, que facilita su tráfico ilícito hacia México.
México demandó en agosto de 2021 a Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett por considerar que su comercio “negligente e ilícito” alienta el narcotráfico y la violencia en el país.
Después de señalar los argumentos del Gobierno de México, el juez decidió que las empresas demandadas gozan de la protección de la ley estadounidense y que está impedido para cuestionar la voluntad del Congreso de ese país, “aun cuando los señalamientos de la demanda pueden evocar una respuesta empática”.
El juez también dice que “aun cuando la Corte tiene considerable empatía por las personas de México, y ninguna por quienes trafican armas a organizaciones criminales, debe ceñirse por lo dispuesto en la ley”.
“Desgraciadamente para el gobierno de México, todas sus demandas están prohibidas por la ley federal o fracasan por otras razones”, justificó el juez Dennis Saylor en un largo documento, en el que señaló que este tribunal “no tiene autoridad para ignorar una ley de Congreso”.
Gobierno de México apelará la decisión del juez federal de EUA
El Gobierno de México anunció que apelará la decisión del juez federal del Distrito de Boston, Dennis Saylor, quien desechó la demanda de México contra la negligencia de 8 empresas estadounidenses que fabrican, distribuyen y venden armas de fuego, lo que facilita su tráfico ilícito hacia nuestro país.
El juzgador argumentó que las armerías cuentan con la protección de la Constitución estadounidense.
Precisó que aun cuando la Corte tiene empatía por las personas de México, y ninguna por quienes trafican armas a organizaciones criminales, debe ceñirse por lo dispuesto en la ley.
Se trata de la decisión en primera instancia de una acción inédita y valerosa del Gobierno de México para evitar que armas de fuego, muchas de alto poder, causen violencia en nuestro país.
El Gobierno de México apelará la decisión del juez federal y seguirá insistiendo en que el comercio de armas debe ser responsable, transparente y con rendición de cuentas, y que la forma negligente como se venden en los Estados Unidos facilita que los criminales accedan a ellas.
México estima que entre 342,000 y 597,000 armas fabricadas por esas firmas -entre el 70% y 90%- llegan anualmente al territorio de manera ilegal procedentes de Estados Unidos.
La demanda acusa a las empresas de facilitar activamente el flujo de armas hacia los poderosos cárteles de la droga
Esta acción del Gobierno de México ha recibido reconocimiento mundial y ha sido considerada como un parteaguas en la discusión sobre la responsabilidad de la industria de las armas en la violencia que se vive en México y en la región. Procuradores estatales y fiscales estadounidenses, académicos, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de otros países apoyan al Gobierno de México en esta acción.