En Estados Unidos, un juez de distrito de Texas bloqueó dos órdenes ejecutivas del presidente, Joe Biden, que impedía a la policía la detención y deportación de personas sin documentos que cometieran delitos no graves.
El juzgador dio la razón a los estados de Luisiana y Texas, ambos con Gobiernos republicanos, que impugnaron el ordenamiento por poner en riesgo, dijeron, a sus ciudadanos.
Las órdenes ejecutivas fueron libradas por Biden el día que asumió la casa blanca, el 20 de enero, y el 18 de febrero respectivamente.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró la victoria judicial.
Estamos cuatro a cero contra el esfuerzo de Biden y los demócratas de violar las leyes de inmigración”, escribió en Twitter.
Programa “Remain in México’’
El lunes pasado, un juez federal de Texas ordenó a la Casa Blanca que restaure el polémico programa migratorio Migration Protection Protocols (MPP), conocido como “Remain en México”, que obligaba a los migrantes sin documentos que solicitaban asilo en la frontera sur de Estados Unidos a esperar en el país vecino a que se tramitaran sus peticiones.
La decisión del juez, emitida a última hora del viernes y de la que informó este sábado medios locales, da al gobierno del presidente estadounidense Joe Biden siete días para apelar el fallo o, de lo contrario, tendrá que reanudar el programa.
Al llegar a la presidencia en enero, Joe Biden suspendió las inscripciones en del programa, impulsado en 2019 por el gobierno de su predecesor, Donald Trump y por el que Estados Unidos envió a más de 60 mil migrantes sin documentos que cruzaron la frontera a esperar durante meses en México sus citas ante jueces migratorios.
En febrero, el gobierno de Biden empezó a permitir la entrada en Estados Unidos de migrantes con casos activos bajo el programa “Remain en México” y en junio, el Departamento de Seguridad Nacional puso fin definitivamente al programa, muy criticado por organizaciones de derechos humanos.
El juez federal Matthew Kacsmaryk, nominado por Trump para su cargo en una corte de Texas, dio la razón a los fiscales generales de Texas y Missouri, que habían demandado al gobierno de Biden en abril por su decisión de acabar con el programa.
Kacsmaryk opinó que la orden por la que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, puso fin oficialmente al programa en junio violó la ley federal administrativa y no tuvo en cuenta los “beneficios” del programa, entre los que citó su presunto efecto disuasorio entre potenciales migrantes.
El magistrado consideró que el fin de esa política daña los intereses de Texas y Missouri, porque los migrantes que se liberen en Estados Unidos a la espera de sus citas ante tribunales migratorios pueden recurrir a servicios sanitarios o educativos en el país.
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