En Estados Unidos, un juez de distrito en Austin, capital de Texas, suspendió la controvertida Ley SB4, que permitía a las autoridades estatales detener y deportar migrantes, y emitir condenas en su contra de hasta 20 años en prisión.
El juez determinó que la ley es inconstitucional porque el control migratorio le corresponde solamente al Gobierno federal, no a los estados.
La Ley SB4 estaba programada para entrar en vigor el 5 de marzo.
El Gobierno de Texas apeló la decisión.
Este fallo ocurre justo cuando se espera la llegada del presidente Joe Biden y del exmandatario Donald Trump a dos puntos distintos de la frontera con México, que recibe oleadas de migrantes desde hace semanas.
En plena campaña electoral, el tema de la inmigración ha tomado un papel importante para ganar o perder votos.
En diciembre de 2023, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aliado de Trump, firmó la Ley SB 4, aprobada por el Parlamento del Estado.
La normativa se respaldó en lo que él denominó el derecho constitucional de Texas de defenderse ante una “invasión”, cuando los cruces de migrantes, principalmente de América Latina que buscan mejores condiciones de vida, alcanzan cifras récord.
Abbott culpa a Biden de la crisis migratoria. La norma permitía a la policía y fuerzas de seguridad pública de Texas arrestar a personas en el estado que no puedan comprobar que haya cruzado la frontera legalmente y llevarlas a la justicia estatal, donde bien podrían aplicarles penas de hasta 20 años o expulsarlas a México, sin considerar si este país puede aceptarlos.
“Esta ley está dirigida a cualquier persona indocumentada que viva en Texas, ya sea que haya estado durante 10 minutos o durante 10 años y tenga hijos en la escuela”, señaló recientemente Rubén García, presidente del refugio de migrantes Annunciation House.
Abbott ha militarizado un parque en la ciudad de Eagle Pass con acceso al río Grande, frontera natural entre Texas y México, tendió cercas de alambre de púas en un tramo de la ribera e inició la construcción de una base militar.
Todo ello hizo que la administración Biden lleve el tema a la justicia, porque la frontera es jurisdicción federal.
“La inmigración no constituye una ‘invasión’ (…) ni Texas está participando en una guerra”, agregó el juez.
Abbott apelará. “No me preocupa, era lo que esperaba. El juez de primera instancia admite que este caso será decidido por la Corte Suprema de Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Texas tiene bases legales sólidas para defenderse de una invasión”, escribió en X.