Una jueza federal en Estados Unidos rechazó suspender el litigio interpuesto por México contra cinco empresas comercializadoras de armas en Arizona, lo que permitirá que el proceso judicial siga adelante, mientras la Corte Suprema estadounidense analiza una demanda paralela presentada por el gobierno de nuestro país contra fabricantes de armamento.
México responsabiliza a la industria estadounidense de las armas y los daños que sus productos causan en nuestro país, por lo que mantiene dos demandas por separado: una en Massachusetts contra fabricantes como Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett, así como otra en Arizona contra cinco empresas dedicadas a la venta del armamento.
En el primer litigio, nuestro país reclama 10 mil millones de dólares a los productores de armas, pues los acusa de incurrir en prácticas negligentes que facilitan que sus artefactos crucen de manera ilícita la frontera y lleguen al crimen organizado.
Esta demanda es revisada por el Tribunal Supremo, luego que, en 2022, un juez federal la había desestimado con el argumento de que los fabricantes están respaldados ante las reclamaciones de México por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que los exime de responsabilidad por el uso que los delincuentes hagan de sus productos.
En enero de 2024, un tribunal de apelación revocó el fallo y dio entrada a la demanda mexicana. Ante ello, los fabricantes de armas solicitaron en Nueva York, la intervención de la Corte Suprema.
En el segundo litigio, los vendedores de armas SnG Tactical, Ammo AZ, Diamondback Shooting Sports, Sprague’s Sports y The Hub, pidieron a la jueza Rosemary Marquez, que el proceso sea detenido hasta que la Suprema Corte dictamine sobre el caso de Massachusetts.
Según estas empresas, la decisión del Tribunal Supremo podría resultar en que se deseche cualquier otra denuncia interpuesta por México en contra de la industria de las armas.