Una jueza federal en Washington D. C. emitió este viernes una orden para frenar de manera temporal las deportaciones rápidas de personas migrantes indocumentadas en Estados Unidos, medida impulsada por el presidente Donald Trump en enero como parte de su política de control migratorio.
La decisión responde a una denuncia presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Make The Road New York, que argumentaron que la medida vulnera la Quinta Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a un debido proceso.
En su dictamen de 48 páginas, la jueza Jia Cobb señaló que la política prioriza la rapidez por encima de las garantías legales y advirtió que “inevitablemente llevará al Gobierno a deportar a personas por error a través de un proceso truncado”.
Subrayó además que no cuestiona la aplicación original de las deportaciones rápidas en la frontera sur para personas que llevan pocos días en el país, sino su expansión a migrantes con hasta dos años de residencia en territorio estadounidense.
Cobb agregó que el Ejecutivo debe garantizar salvaguardas legales cuando amplía un procedimiento tan severo a un grupo numeroso de personas que residen en el interior del país. Rechazó, además, el argumento gubernamental de que quienes ingresaron de manera irregular no tienen derechos bajo la Quinta Enmienda, al advertir que “si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, todos estaríamos en riesgo”.
La medida representa un revés para la estrategia migratoria de Trump, que ha prometido acelerar las deportaciones como uno de los ejes de su nueva campaña presidencial.