Una jueza española autorizó investigar a la compañía israelí creadora del spyware Pegasus por el espionaje a independentistas catalanes, luego de admitir la querella interpuesta por uno de los abogados de varios separatistas, también espiado, según el informe que destapó el escándalo.
La jueza de Instrucción del juzgado 24 de Barcelona aceptó investigar a la empresa israelí NSO Group Technologies Limited para saber si incurrió en algún delito “en la creación y puesta a disposición de terceros del programa Pegasus” o si realizó acciones u omisiones que pudieran “ser susceptibles de coadyuvar de manera voluntaria y consciente en la verificación, acceso y extracción de la información alegada por el querellante”.
Se trata de la primera investigación que abre un juez español a NSO sobre el supuesto espionaje a decenas de independentistas catalanes destapado a mediados de abril por la organización canadiense Citizen Lab, según explicó el denunciante, Andreu Van den Eynde, abogado de varios políticos independentistas de alto perfil.
El nombre de Van den Eynde figuraba entre las más de 60 personas de la órbita separatista cuyos teléfonos fueron infectados entre 2017 y 2020 con Pegasus, según el informe de Citizen Lab que desveló el escándalo.
Varios de ellos presentaron ya sus querellas, pero siguen a la espera de que se pronuncie la justicia. También contra NSO, y contra la exdirectora de los servicios secretos españoles, presentó la suya el miércoles Pere Aragones, el actual presidente de esta dinámica región del noreste español.
Aragones es uno de los 18 independentistas que los servicios secretos reconocieron haber vigilado con autorización judicial, según trascendió tras la declaración de su exdirectora, destituida tras el escándalo.
Por entonces, el caso se había complicado aún más después de que el gobierno anunciara que su propio presidente, el socialista Pedro Sánchez, y su ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido víctimas de un “ataque externo” y también fueron espiados con Pegasus en mayo y junio de 2021.
El gobierno español denunció entonces los hechos ante la justicia y un juez de la Audiencia Nacional abrió una investigación por la que ya solicitó viajar a Israel para tomar declaración al director ejecutivo de NSO.