
Una jueza federal ordenó al gobierno del presidente Donald Trump detener los arrestos indiscriminados de inmigrantes en siete condados de California, incluyendo Los Ángeles.
La decisión surge tras una demanda que acusa al gobierno de realizar redadas basadas en el perfil racial, afectando principalmente a personas de piel morena.
Los demandantes incluyen tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses. Uno de ellos fue arrestado pese a mostrar su identificación oficial. La jueza Maame E. Frimpong dictaminó que existe una “montaña de evidencia” que respalda las acusaciones de violaciones a las enmiendas Cuarta y Quinta de la Constitución.
Derechos vulnerados
La jueza también prohibió temporalmente que el gobierno impida el acceso de abogados a la cárcel migratoria B-18 en Los Ángeles. Además, determinó que el color de piel, el idioma, el lugar de trabajo o la ocupación laboral no pueden usarse como criterios para detener a una persona.
La demanda, presentada por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), denuncia que los arrestos se han llevado a cabo en lavaderos de autos, tiendas Home Depot y mercados de pulgas. Señalan que se detiene a quienes “parecen hispanos”, sin una orden judicial previa.
Tricia McLaughlin, del Departamento de Seguridad Nacional, rechazó las acusaciones y calificó de “repugnante y falsa” la idea de que se actúe por razones raciales.
Tensión
La Casa Blanca criticó la decisión y afirmó que solo el Congreso y el presidente pueden dictar políticas migratorias. Mientras tanto, comunidades latinas viven con miedo por el incremento de redadas y el despliegue de la Guardia Nacional en la región.
El abogado Mohammad Tajsar, de ACLU, denunció que un ciudadano fue agredido físicamente por ser latino. Agregó que, en un lavado de autos, todos fueron arrestados excepto dos trabajadores blancos.
La orden judicial exige permitir visitas de abogados los siete días de la semana, así como llamadas confidenciales para los detenidos. También busca frenar prácticas coercitivas, como negar alimentos o camas para presionar salidas voluntarias sin asistencia legal.