La junta militar de Myanmar imputó con un quinto cargo, esta vez por violar la ley de secretos nacionales, a Aung Sang Suu Kyi, la líder de facto del depuesto Gobierno, según dijo su abogado.
Este sería además el cargo de mayor gravedad hasta la fecha, ya que podría llegar a suponer una pena de prisión de hasta 14 años.
Sumando todas las acusaciones, la exconsejera de Estado se enfrenta a una pena de hasta 23 años.
Dos meses después del golpe militar que depuso al Gobierno elegido democráticamente en Myanmar por un presunto fraude electoral, este jueves se produjo la primera audiencia con un abogado presente sobre los cargos imputados a Suu Kyi.
También estuvieron en el banquillo de los acusados el expresidente del país, Win Myint y el antiguo alcalde de Naipyidó, capital del país, Myo Aung, ambos miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND).
La situación en el país continúa marcada por una creciente tensión ante la ininterrumpida represión por parte de la junta militar, a pesar de la presión y las sanciones internacionales.
Hasta la fecha, la actuación de las fuerzas armadas ha dejado 543 muertos, mientras que más de 2 mil 700 personas permanecen detenidas, según la Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos (AAPP).
Durante este viernes, Ejército para la Independencia Kachín (KIA), uno de los mayores grupos rebeldes de Myanmar, atacó una fábrica ligada a los militares en el estado de Kachín, fronterizo con China.
Pese a la tregua unilateral decretada por el Gobierno militar con estos grupos, los choques continúan, lo que ha llevado a China a solicitar una reunión a alto nivel con mandos militares para evaluar si están en posición de garantizar la seguridad de los trazados de los oleoductos y gaseoductos que cruzan el país y llegan a China.