Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) tienen como propósito, según el gobierno de Honduras, generar fuentes de empleo que garanticen oportunidades de desarrollo en los diversos sectores (salud, educación, infraestructura, seguridad pública, entre otros) para “mejorar” las condiciones de vida de la población hondureña.
Se definen como áreas administrativas que se vinculan al gobierno central, pero con un sistema administrativo, jurídico y económico autónomo, abierto a la inversión empresarial nacional y extranjera.
Fueron creados con el objetivo de “acelerar el cumplimiento de las metas del Plan de Nación y facilitar condiciones que permitan al país la inserción en los mercados mundiales […] mediante la implementación de tecnologías que permitan producir con alto valor agregado, capaz de atraer inversiones nacionales y extranjeras”, según dicta la Ley Orgánica de las ZEDE, del 2013.
Sin embargo, son zonas que buscan fomentar el ‘desarrollo’ económico a costa de abrirse a la inversión empresarial y extranjera sin regulaciones y sin obstáculos, es decir, a costa de la pérdida de la soberanía, porque impulsa la privatización y los enclaves. Además de que resultan una amenaza para las comunidades, en su mayoría comunidades afrodescendientes e indígenas, ya que promueven el despojo territorial y vulneran sus derechos humanos.
Luisa Lucía Connor Hamilton, presidenta del Patronato de la comunidad de Crawfish Rock y lideresa de su comunidad, conversó con Once Noticias sobre la situación de las ZEDEs. La activista vive en el departamento de Islas de la Bahía, un archipiélago perteneciente a Honduras, que ha sido en los últimos años una zona de experimentación por parte del Gobierno para impulsar las ZEDE, a través del proyecto ‘Roatán Próspera’.
Luisa consideró que las ZEDE amenazan a las comunidades originarias como indígenas, negros de habla inglesa (creoles) y garífunas porque violentan sus derechos, al ser un pueblos étnicos, “fueron impuestas sin consulta previa. Se violentó el Artículo 169 de la OIT, sin consulta previa y explicativa, violentaron nuestro derecho”, dijo la activista.
Señaló que hay tratados internacionales que los protegen de las inversiones extranjeras y que fueron pasados por alto.
Es una amenaza que vivíamos a diario y nos afecta de todas formas, porque ellos quieren aprovecharse de nosotros”, explicó Luisa.
Su patronato, organizado democráticamente, es una organización que ha generado alianzas con otras organizaciones para resistir a estos proyectos. Dijo al medio que buscan llegar hasta las últimas instancias, “vamos a llegar hasta el último punto”, porque la lideresa dijo que su comunidad son los primeros afectados por las ZEDE, ya que beneficia sólo a inversionistas extranjeros.
La lideresa, perteneciente a la comunidad de negros de habla inglesa, señaló que lo que sucede es preocupante y que durante la pandemia estos proyectos han abusado de la necesidad de las personas, haciéndolas creer que las ZEDE impulsan la creación de empleos con tecnologías, sin embargo, no es así.
Advirtió que llegarán hasta las instancias internacionales porque estos proyectos vulneran los derechos humanos de los grupos étnicos de Honduras, ya que los proyectos se instalan dentro de sus territorios.
En 2013, el Poder Legislativo publicó el decreto No. 120-2013 que aprobó la Ley Orgánica de las ZEDEs.
Esta se dio bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández Alvarado, en un contexto de tensión social, política y económica heredada del golpe de Estado al gobierno de Manuel Zelaya, en 2009. Según medios de comunicación y especialistas, había sido una respuesta económica al aislamiento provocado por dicha situación.
En 2011, los medios comunicaban las intenciones de las autoridades para atraer inversionistas extranjeros a las ‘ciudades modelo’. A Honduras se le llamaba la “Hong Kong de América Latina”; Juan Orlando era presidente del Congreso y Porfirio Lobo, presidente del país. En ese año se aprobó la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo, que permite la construcción de las “ciudades modelo”.
Estas últimas se definen como ciudades privadas, pequeños estados autónomos, que poseen personalidad jurídica y administración propias, y se rigen por normas propias. Están orientadas a la producción económica y el modelo de esta lógica son ciudades como Hong Kong, Macao, Corea del Sur, Singapur y Kuwait.
Es importante señalar que las ciudades modelos devienen de las ideas de Paul Romer, economista neoliberal estadounidense, que propuso crear estados autónomos abiertos a la inversión extranjera y al libre mercado. En Honduras, así como en el resto de la región centroamericana, dichos experimentos coloniales fueron puestos en vigor con los enclaves que llevaron a Honduras, y otros países vecinos, a ser conocidos como ‘república bananera’.
Este último fue un modelo económico y político llevado por empresas extranjeras, como la empresa United Fruit Company, que tuvo una fuerte influencia sobre la política interna de la región, desde finales del siglo XIX y que se consolidó en el XX. Su principal característica fue la intervención de estas compañías en la política de Honduras, y demás países en los que tuvo presencia, además de que se encargaron de generar una imperante crisis e inestabilidad política y social, manejada por los intereses extranjeros.
El gobierno hondureño ha hecho caso omiso a la implementación de las ZEDEs, pese a las preocupaciones que ha externado incluso el Sistema de Naciones Unidas, así como la oposición de diversos grupos como académicos y las mismas comunidades indígenas y afrodescendientes del aquel país.
Aquí puedes ver la entrevista exclusiva con la lideresa, Luisa Lucía Connor Hamilton.