El 25 de mayo de 2020, George Floyd, de 46 años, fue asesinado por brutalidad policial y expresión sistemática de violencia racista, por cuatro policías.
Murió por asfixia debido a que el expolicía Derek Chauvin, quien tras esposarlo y ponerlo boca abajo, y con la ayuda de los agentes Thomas Lane, J. Alexander Kueng y Tou Thao -quién atestiguo los hechos sin intervenir para evitarlo-, lo presionó contra el pavimento y apoyó su rodilla sobre el cuello de George Floyd, durante 8 minutos y 46 segundos.
Pese al pedido de auxilio y de las súplicas de Floyd, por no poder respirar, el agente policial hizo caso omiso y lo sometió hasta provocarle la muerte. El presunto delito por el que George Floyd fue arrestado fue que había comprado unos cigarros con un billete falso de 20 dólares, en Mineápolis, en el estado de Minesota.
Este hecho se convirtió en un punto de inflexión para el país vecino ya que desató manifestaciones masivas en algunas ciudades de Estados Unidos y el mundo, para exigir un alto a la brutalidad policial en contra de las minorías raciales.
El pasado 20 de abril de este 2021, el jurado de Minneapolis declaró culpable al expolicía Derek Chauvin, por tres delitos: homicidio no intencional en la comisión de delito grave, homicidio no intencional por desprecio a la vida y por homicidio accidental. Sin embargo, los abogados de la familia Floyd considera que no es suficiente para obtener justicia, ya que hay que cambiar la cultura policial de la brutalidad y el abuso policiaco en el país.
La ley George Floyd un camino a la justicia, in memoriam
Desde el año pasado, se emprendió la lucha por impulsar la “Ley George Floyd de Justicia en la Policía”, redactada por los miembros del ‘Caucus Negro’, conformado por demócratas, para “hacer responsables a las fuerzas del orden por mala conducta en los tribunales, mejorar la transparencia mediante la recopilación de datos y reformar la capacitación y las políticas policiales”, tal como se lee en las primeras líneas de este documento.
El objetivo de esta ley es, entre algunos puntos, mejorar la rendición y transparencia de cuentas de la policía y poner fin a la discriminación racial y religiosa.
Dicha ley, cabe mencionar, tiene el apoyo de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quien recibe hoy a la familia Floyd en la Casa Blanca, para hablar sobre ello y sobre las preocupaciones por la violencia policial, tal como lo expresó Jen Psaki, portavoz de la oficina presidencial.
La ley fue aprobada en marzo de este año por la Cámara de Representantes. Si bien fue impulsada desde junio del año pasado, quedó detenida en el Senado; se vislumbra un escenario favorable para su aprobación gracias al equilibrio de demócratas y republicanos en el Senado (50-50). El principal punto de desacuerdo sobre esta ley es la “inmunidad legal”, sin embargo, la familia Floyd exige que se apruebe en esta semana.
Algunos puntos de esta ley son:
♦ Limitar el uso de la fuerza policial y prohibir las órdenes de protección contra golpes, los estranguladores y las carótidas
♦ Establecer un registro nacional que recopile datos sobre denuncias y mala conducta policial
♦ Exigir un sistema de informes sobre el uso de la fuerza, las prácticas policiales de rutina y la mala conducta de los agentes
♦ Limitar la inmunidad calificada, una doctrina legal que evita que los funcionarios del gobierno sean considerados responsables por violaciones constitucionales
♦ Prevenir el uso de perfiles raciales en todos los niveles del Gobierno al exigir a los oficiales que completen la capacitación sobre el uso de perfiles raciales, prejuicios implícitos y el deber de intervenir cuando sus compañeros oficiales estén usando fuerza excesiva.
Pese a que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en sus Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley adoptado en 1990, establece que el uso de la fuerza será la última vía que ejercerá alguna autoridad de la ley, y que existirán normas y reglamentos para el uso de la fuerza y de armas de fuego.
Los agentes de policía nunca deben usar los medios letales excepto como último recurso, es decir, cuando sea estrictamente necesario para protegerse o proteger a otras personas del peligro inminente de muerte o lesiones graves, y sólo si las demás opciones para reducir el peligro son insuficientes”, según el derecho internacional.
En la práctica, empero, no funciona como tal, el ejemplo es el caso de George Floyd.
En 2015, Amnistía Internacional, en su informe “Fuerza mortal. Uso policial de la fuerza letal en Estados Unidos” detalló que no hay rastreo exacto de cuántas personas mueren al año por brutalidad policial, sin embargo, las estimaciones oscilan entre 400 y mil personas.
En 2013, por ejemplo, 461 ‘homicidios justificable’ (se define como el asesinato que realiza un agente de la ley en cumplimiento de su deber) fueron documentados por el FBI, de los cuales 548 fueron perpetrados por armas de fuego. No obstante, estas estadísticas dependen de un sistema de informes voluntarios por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y no están claros cuántos de las más de 18 mil agencias de policía reportan datos [(por ejemplo, solo 6,328 agencias reportan a través del Sistema Nacional de Informes Basados en Incidentes (NIBRS, por sus siglas en inglés)]. Si bien los informes sobre delitos proporcionan el número de ‘homicidios justificables’ por armas de fuego, no especifica cómo ocurrieron las muertes restantes y las clasifica como ‘otras’. Además, los datos no incluyen los casos en los que la víctima no era presunto delincuente y no incluyen casos de ‘homicidios injustificados’”.
En Estados Unidos, 9 estados no tienen ninguna legislación sobre el uso de medios letales por agentes de la ley. En Minnesota, hasta 2020, el uso de la fuerza letal está autorizado si el agente así lo determina, es decir, estaba basada en la percepción del agente.
En marzo de 2021, entró en vigor una regulación de los estatutos para el accionar de la policía en el Estado, sin embargo, no es restrictiva para el uso de la fuerza letal por parte de la policía.
Un oficial puede usar fuerza letal para protegerse a sí mismo o a otros de la muerte o de un daño grave si la amenaza puede ser ‘articulada con especificidad’ por el oficial, si es ‘razonablemente probable que ocurra’ sin la acción de la policía, y debe abordarse mediante el uso de fuerza letal sin demoras irrazonables”, establece.
Sin embargo, no existe ninguna responsabilidad federal ni supervisión sobre la actividad policial.
La población que se ve más afectada por la fuerza brutal policial es la población afroamericana, seguida de la hispana y otras minorías.
Según Amnistía “entre 1999 y 2013, la población afroamericana representó 27.6% del total de muertes a manos de la policía, es decir, 6 mil 338 personas, incluidos en los datos sobre muertes violentas registrados por el Centro para el Control de Enfermedades”.
Hasta entonces 13.2% de la población total en EUA eran afroamericanos o afroamericanas.