El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este lunes que una polémica ley sobre el financiamiento de organizaciones no gubernamentales (ONGs) “no cercena” los derechos de éstas, pese a las críticas sobre un “giro autoritario” en el país sudamericano.
“Nosotros nos aseguramos de que la ley no impida ni cercene ningún derecho de ninguna organización, de poder desenvolverse de manera clara y transparente”, aseguró Peña en París, en el marco de una gira internacional.
La Ley de Transparencia, promulgada el 15 de noviembre, establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro, y les exige un reporte anual de fines, programas, listas de profesionales, técnicos y personal de cualquier índole a su servicio.
Algunas organizaciones y consultoras internacionales alertaron la semana pasada sobre el riesgo de un “giro autoritario” en Paraguay tras la promulgación de dicha ley, a la que acusan de desalentar el financiamiento internacional de las ONGs y limitar su operatividad.
El presidente Peña atribuyó las críticas a una “retórica política” y defendió que las autoridades trabajaron junto a varias organizaciones de la sociedad civil para solventar las deficiencias de una versión inicial del Senado, para que la ley diera todas las garantías y todos los derechos.
“Lo que hace la ley es llevar un registro de las organizaciones; que eso también eran reclamos que se habían hecho en el ámbito de la lucha contra la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ya que identifica a las organizaciones de la sociedad civil como áreas de riesgo”, agregó.
La “ley anti-ONG”, como es calificada por sus detractores, suma críticas dentro y fuera de Paraguay.
Entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y Amnistía Internacional (AI) emitieron alertas y compararon la normativa con las ya vigentes en Nicaragua y Venezuela.