Los llamamientos a la desobediencia se multiplicaron este miércoles en Myanmar, liderados por médicos y trabajadores sanitarios, después de que Washington acusara formalmente a los militares de haber dado un “golpe” y prometiera nuevas sanciones contra los generales.
El lunes, el ejército puso fin a la frágil transición democrática del país, impuso un estado de emergencia por un año y arrestó a la jefa de facto del gobierno civil Aung San Suu Kyi, así como a otros directivos de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND).
Dos días después de este golpe, condenado por muchas capitales extranjeras, surgieron los primeros signos de resistencia.
Médicos y profesionales sanitarios, que llevaban lazos rojos en señal de protesta, anunciaron que se negarían a trabajar salvo en caso de emergencia médica.
Solo obedeceremos al gobierno democráticamente elegido”, dijo a la AFP Aung San Min, responsable de un hospital de cien camas en la región de Magway.
Miembros del personal médico del hospital general de Rangún se reunieron frente a las instalaciones, haciendo el saludo con tres dedos, un gesto de resistencia adoptado por los activistas prodemocráticos de Hong Kong y Tailandia.
También se puso en marcha un grupo llamado Movimiento de Desobediencia Civil en Facebook, que ya cuenta con unos 150 mil inscritos. “Vergüenza debería darle al ejército”, “Los militares son ladrones”, reza esta página.
El martes por la tarde, en el distrito comercial de Rangún, la capital económica, los habitantes protestaron con una cacerolada y haciendo sonar las bocinas. Algunos corearon: “¡Viva Madre Suu!”.
Presintiendo lo que se avecinaba, Suu Kyi, que al parecer se encuentra bajo arresto domiciliario, llamó a la población a “no aceptar” el golpe de Estado en una carta escrita antes de su arresto.
Este miércoles, las autoridades de Myanmar la acusaron oficialmente de haber violado una ley comercial y ordenaron su “detención provisional” hasta el 15 de febrero, informó un portavoz de su partido.
Al expresidente Win Myint se le acusa de haber violado la ley sobre la gestión de las catástrofes naturales, según informó el propio exdirigente.