Internacional

Organismos internacionales deben ayudar a defensoras nicaragüenses presas: Familiares

Las defensoras de derechos humanos llevan detenidas desde junio y agosto de 2021, sin que se les garantice buenas condiciones para su salud mental, emocional y física

Familiares de la defensora nicaragüenses, Ana Margarita Vijil, llamaron una vez más a organismos internacionales, entre ellos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), a trabajar a favor de la liberación y revisiones médicos para las 11 defensoras y 160 personas que son presas políticas desde junio de 2021, en diversas cárceles de este país.  En una carta, las y los familiares explicaron que recibieron “información falsa” de que la defensora, Ana Margarita Vijil, había sido agredida el pasado 19 de diciembre de 2021 por parte de un policía. Aunque este hecho no fue cierto, dijeron, están preocupados por las condiciones en las que Vijil se encuentra, es decir no se le brinda el alimento suficiente, atención médica y no se le permite las visitas familiares.  Estas disposiciones, resaltaron, son una violación a los derechos humanos y también es padecida por las otras 10 defensoras privadas de su libertad,  entre ellas Dora María Téllez, Karla Escobar, Julia Hernández, María Esperanza Sánchez, Violeta Granera, Mariana Oviedo, entre otras, quienes fueron detenidas -apuntaron- de manera violenta en operativos policiacos entre junio y agosto de 2021, algunos de estos actos se llevaron a cabo en la presencia de las y los hijos menores de edad de las defensoras.  Debido a los hechos que se les informaron, agregaron, solicitaron una visita en la Dirección de Auxilio Judicial (encargada de realizar las investigaciones de delitos) que no había sido concedida hasta el pasado 2 de enero de 2022. Fecha en la que la madre de la defensora pudo conversar y ser testiga de que Margarita Vigil está siendo constantemente interrogada y presionada sobre hechos que desconoce, se encuentra en un régimen de aislamiento y en una condición física y de salud precaria. 
“Vivimos en un contexto de privación de libertad y criminalización que se ha caracterizado por su arbitrariedad, por presentar evidencia de malos tratos e incluso la muerte de personas encarceladas y por la falta de información razonable sobre la salud y la integridad de las personas recluidas”, expresaron las y los familiares. 
Cabe recordar que Margarita Vijil y el resto de las defensoras fueron detenidas arbitrariamente, según organizaciones civiles, luego de protestar en contra del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta, Rosario Murillo, quienes son esposos y se han mantenido en el poder por 14 años consecutivos. Tiempo que será aún mayor pues, Ortega salió electo como presidente de este país, en las pasadas elecciones de 2021, las cuales fueron consideradas como “fraudulentas” por la población nicaragüense.  Es necesario mencionar que el pasado 7 de noviembre de 2021, se realizaron las elecciones en Nicaragua. Unos días antes de ello, organizaciones civiles reportaron que la violencia había incrementado, ya que Ortega no quería que ninguna defensora se postulará para el cargo y que no hubieran protestas. Pese a que, las organizaciones pidieron apoyo al gobierno mexicano de intervenir para que este evento no fuera desarrollado, la administración actual, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, nunca dieron una respuesta. Organizaciones civiles, como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México han denunciado que Ortega y Murillo se valen de su cargo político para ejercer diversos tipos de violencia contra la ciudadanía, en particular defensoras y periodistas, desde desapariciones, detenciones ilegales, asesinatos, entre otras más. En 2018, la Red Nacional  registró que en Nicaragua que más de 160 defensoras habían sufrido de algún tipo de violencia, hubo 328 muertes, más de 2 mil personas heridas, mil 600 víctimas de privación de la libertad, más de mil desplazamientos forzados, y la detención arbitraria de 13 defensoras Frente a este panorama, exigieron, a Amnistía Internacional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (organismos que las han apoyado y acompañado en los casos de las defensoras) llevar cabo acciones que eviten que las violaciones a derechos humanos sean profundizadas y la represión sea aún más grave para las presas políticas y familiares de ellas. 
“¡Libertad para todas las personas presas políticas en Nicaragua”, enfatizaron al final de la carta.

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