Este sábado, Perú rescató a más de 400 turistas que estaban varados cerca a Machu Picchu por las protestas contra el Gobierno que arrojan 46 muertos y que mantienen en vilo al país.
“Esta tarde se logró el traslado de 418 visitantes nacionales y extranjeros, desde Machupicchu pueblo hasta la capital del Cusco por vía férrea”, señaló la cartera de Turismo.
El Gobierno había anunciado el cierre por “tiempo indefinido” del ingreso a la ciudadela inca alegando motivos de seguridad ante las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
La decisión se había tomado luego de que el servicio ferroviario entre Cusco hasta Machu Picchu -el único medio disponible entre ambos puntos- se suspendiera por daños a la vía férrea presuntamente provocados por manifestantes.
En tanto, centenares de personas volvieron a reunirse en la noche del sábado en el centro de Lima, sobre todo en torno al Congreso, y se generaron nuevos incidentes, aunque de dimensiones menores.
Otro muerto, queman comisaría
La Unión Europea (UE) alzó su voz sobre la crisis y lamentó “el gran número de víctimas mortales” y llamó al Gobierno y a la oposición “a tomar medidas urgentes para restaurar la calma”.
Este sábado falleció un manifestante que estaba gravemente herido desde el viernes por la represión policial en las protestas en Ilave, en la sureña región de Puno, informó a la AFP Jacinto Ticona, Defensor del Pueblo de esa localidad, quien llamó a la policía hacer no hace un “uso desproporcional de la fuerza”.
Imágenes viralizadas en las redes sociales muestran a policías disparando al cuerpo de manifestantes en la plaza principal de Llave, pequeña ciudad a 3 mil 800 metros de altitud cercana al lago Titicaca, en la frontera con Bolivia.
La represión en Llave, desató la ira de la población que incendió la comisaría al amanecer del sábado, de acuerdo con medios locales.
Los enfrentamientos entre pobladores aymaras y fuerzas del orden dejaron 10 heridos en esa ciudad, indicaron fuentes hospitalarias.
“Flagrancia”
En Lima, la policía ingresó a la fuerza a la Universidad Nacional de San Marcos rompiendo una enorme reja con un vehículo antimotines y detuvo a decenas de manifestantes indígenas y estudiantes que ahí pernoctaban.
Estudiantes y organizaciones de derechos humanos acudieron a la sede universitaria a rechazar la intervención policial.
“Tengo familiares aquí dentro (…) no sabemos qué les puede pasar. No sé de que se les acusa”, dijo a la AFP Luz María Ramirez, de 62 años, quien llegó desde Andahuaylas, epicentro de las movilizaciones en diciembre.
Abogados que llegaron al lugar denunciaron que no se les permitió su presencia. Los manifestantes habían pernoctado en la universidad a pesar de la negativa de la institución.
La universidad dijo que la Policía actuó “de oficio” porque los ocupantes no cumplieron la supuesta promesa de retirarse el jueves.
El ministro del Interior, Vicente Romero, afirmó en el Canal N de televisión que la intervención se dispuso “dentro de la flagrancia” tras reportes de autoridades universitarias de la comisión de delitos por algunos de los ocupantes.
Agregó que los detenidos enfrentan acusaciones de actos contra el patrimonio y de perturbación de la paz.
Un portavoz de la Fiscalía, Alfonso Barrenechea, dijo que los detenidos son unos 200, que fueron llevados a la Prefectura de Lima.
