El recién reelecto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió a los poderes del Estado de su país actuar con “mano de hierro” ante los supuestos crímenes de odio que asegura surgieron en las protestas por su cuestionada reelección.
“Exijo a todos los poderes del Estado mayor celeridad, mayor eficiencia y mano de hierro frente al crimen, frente a la violencia, frente a los delitos de odio, mano de hierro y justicia severa, certera, hacer valer los principios constitucionales”, indicó.
El presidente venezolano obtuvo el triunfo con el 52% de los votos para un tercer mandato de seis años. La oposición liderada por María Corina Machado y su candidato, Edmundo González Urrutia, denunció fraude y reivindica su victoria en los comicios del 28 de julio, lo que el mandatario ha considerado como una incitación a un “golpe de Estado” y una “guerra civil”.
Una vez conocidos los resultados, las protestas estallaron horas después de que la oposición denunciara un fraude y asegurara tener copias de más del 80% de las actas para demostrarlo.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de servir al chavismo, no ha publicado hasta ahora el escrutinio detallado de la elección, alegando que el sistema de votación fue jaqueado.
El chavismo desestima las pruebas opositoras y Maduro acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para “certificar” la elección, mientras Estados Unidos, países de América Latina y la Unión Europea (UE) han pedido la publicación de las actas.
Las protestas en Venezuela no parecen tener fin
De acuerdo con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, las protestas en ese país ya dejaron un saldo oficial de 25 muertes y 192 heridos, incluidos dos militares.
La cifra coincide con la divulgada por organizaciones defensoras de derechos humanos que daban cuenta de 24 muertes en un contexto que denunciaban como una “escalada represiva”.
“Fueron asesinados por la extrema derecha (…) personas de buena voluntad, jóvenes”, sostuvo el fiscal general de Venezuela.
El mandatario insiste ser blanco de un “golpe de Estado ciberfascista” al tiempo que el Parlamento, controlado por el chavismo, impulsa una regulación para las redes sociales.