En una petición conjunta, más de 200 magistrados de circuito y jueces que declinaron de su candidatura para la elección Judicial del próximo 1º de junio presentaron una solicitud del Consejo de la Judicatura Federal, para defender y garantizar sus derechos y prestaciones laborales establecidas en la Constitución.
La Asociación Nacional de Jueces y Magistrados federales afirmó que la demanda masiva ante la Judicatura Federal deriva de la preocupación, porque el Estado de Derecho se ha respetado, ya que el Gobierno federal está realizando acciones para apoderarse de los fondos que se destinarán a los pagos correspondientes, sin considerar el cumplimiento del artículo 10º transitorio de la misma reforma judicial.
Este artículo señala que las indemnizaciones deberían pagarse de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que ilegalmente fueron transferidos por Nacional Financiera (NAFIN), a la Tesorería de la Federación, sin instrucción de la Judicatura federal.
Esto, violando los contratos respectivos y las suspensiones otorgadas en diversos juzgados en diversos juicios de amparo, que impedían hacer esa entrega.
Recordó que los magistrados y jueces federales fueron nombrados por el Sistema de Carrera Judicial, cuentan con sólida experiencia y lograron tener cargos sin movibles después de estrictas evaluaciones por seis años consecutivos, sin notas desfavorables.
En un comunicado, manifestaron que fueron forzados a dejar sus cargos, argumentando que la elección popular no es un mecanismo adecuado para la designación de juzgadores y la reforma desaparece otras garantías para el desempeño independiente de la Judicatura.
La petición presentada al Consejo de la Judicatura Federal, solicita que se individualice la cuantificación de las indemnizaciones constitucionales, se expidan las constancias de reconocimiento y se emita un listado completo de las personas jugadoras que declinaron sus candidaturas para las elecciones judiciales, extraordinaria de 2025 y 2027.
Y aparte el propósito es consolidar los montos que se deben cubrir por parte del Gobierno de México, como indemnización ante la prohibición que los juzgadores instituidos tendrán ejercer la profesión jurídica por dos años.
Los magistrados y jueces, remarcaron que el artículo 10º transitorio de la Reforma Judicial contempla pagos específicos por concepto de indemnización, gastos médicos, prestaciones laborales, incluyendo tres meses de salario integrado y 20 días por año trabajado, vacaciones y primas, vacaciones.