La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó refuerzos al estado de Virginia Occidental, que enviará entre 300 y 400 efectivos de su Guardia Nacional a Washington D.C., sumándose a los 800 soldados que ya patrullan la capital en el marco de la campaña del mandatario republicano contra el crimen.
“Virginia Occidental se enorgullece de respaldar al presidente Trump en su esfuerzo por devolver el orgullo y la belleza a la capital de nuestra nación”, señaló este sábado el gobernador del estado, Patrick Morrisey, en un comunicado.
Las autoridades detallaron que los efectivos desplegados contarán con suministro de equipo esencial y recibirán entrenamiento especializado, todo financiado por fondos federales.
“La WVNG (Guardia Nacional de Virginia Occidental) desplegará tropas en la capital del país como muestra de compromiso con la seguridad pública y la cooperación regional”, añadió el comunicado.
Este anuncio se produce un día después de que las autoridades de Washington presentaran una demanda contra la Administración Trump, alegando una “toma hostil” de la Policía local por parte del Gobierno federal, que habría excedido su autoridad bajo la Ley de Autonomía de 1973.
Tras una audiencia en un tribunal federal, el Gobierno revirtió la designación del director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como “comisionado de emergencia” de la Policía, aunque continuará supervisando las acciones de seguridad en la ciudad conforme a la orden presidencial.
El presidente Trump declaró una “Emergencia de Seguridad Pública” y asumió el control de la Policía de Washington D.C. el pasado lunes, activando 800 tropas de la Guardia Nacional local para “”restablecer el orden público”.
Desde entonces, la ciudad ha registrado un aumento en la presencia de agentes de agencias federales como el FBI, la DEA y el ICE, que han efectuado detenciones por posesión de armas, otros delitos y casos de indocumentados, según la Casa Blanca.
La Administración sostiene que estas acciones son necesarias debido a la “ola de delitos” que afecta la capital. Sin embargo, las autoridades locales han rechazado estas afirmaciones, señalando que las cifras de crímenes violentos se encuentran en niveles mínimos de las últimas décadas.