En París y otras ciudades francesas más de 40 mil personas marcharon en las calles para exigir un aumento al salario y en rechazo a la reforma de pensiones, que retrasa la edad de jubilación de 62 a 65 años.
Este proyecto es del presidente de este país, Emmanuel Macron, el cual se presentó antes de la pandemia de COVID-19, pero fue aplazado, al igual que las protestas de los sindicatos, debido al confinamiento por la pandemia.
Actualmente, además de estas demandas, las y los manifestantes reclamaron el encarecimiento de la energía y de los alimentos a raíz de la invasión militar rusa a Ucrania.
Asimismo, los sindicatos que celebrarán una reunión el 3 de octubre para ver cómo continuar su movilización, ya paralizaron los transportes de Francia en 2020 con sus llamados a la huelga. La oposición de izquierdas también se opone a esta reforma.
“Nos corresponde mostrar nuestra determinación, demostrar que las protestas callejeras aún tienen algún poder”, dijo Xavier Signac, un miembro del sindicato UNSA.
Los participantes en las 200 manifestaciones también reclamaron un alza salarial, en un contexto de inflación por el aumento de los precios de la energía y de la alimentación a raíz de la invasión rusa de Ucrania.
En marcha la reforma
Emmanuel Macron confirmó su deseo de poner en marcha en 2023 su polémica reforma de las pensiones, que prevé retrasar la edad de jubilación de 62 a 65 años.
La primera ministra, Élisabeth Borne, aseguró que el Gobierno abriría otro ciclo de diálogo con las fuerzas políticas y sociales de cara a adoptar antes del invierno la reforma, que espera ver en marcha a mediados de 2023.
“El objetivo es un retraso progresivo de la edad de jubilación de cuatro meses por año, que culmine en los 65 años en 2031”, recordó Borne, quien encargó a su ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, este diálogo con los actores sociales.
Futuros obstáculos
Francia se encamina a un otoño e invierno calientes. La oposición de izquierda reiteró su voluntad de impedir esta reforma que, en palabras del diputado Alexis Corbière, supone un atraso en los derechos sociales de millones de trabajadores.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, advirtió que Macron está dispuesto incluso a disolver la Asamblea (Cámara Baja), donde no dispone desde junio de mayoría absoluta, si se aprueba una moción de censura para frenar la reforma.
“Si toda la oposición se une para adoptar una moción de censura y hacer caer el Gobierno, Macron dejará en manos de los franceses y las francesas decidir qué nueva mayoría quieren”, afirmó Dussopt.
El margen de maniobra del presidente liberal es delicado. Ya tuvo que descartar una adopción de esta reforma como una enmienda al proyecto de presupuesto de la Seguridad Social, para calmar los ánimos de sus aliados de centro Modem.
Para Dominique Reynié, profesor en la Universidad Sciences Po en París, la amenaza de disolución es una especie de mensaje de Macron a todos los diputados: “Yo solo tengo una mayoría relativa. Piensan que soy débil, pero ustedes lo son más”.
“¡Atrévase!”, tuiteó la ultraderechista Marine Le Pen, quien tras perder en balotaje frente a Macron con un 41.45% de votos en abril, logró 89 diputados en las legislativas de junio, por detrás de las alianzas centrista y de izquierda.