Cientos de miles de personas participaron este sábado en España en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ tras dos años de restricciones por la pandemia.
Según la subdelegación del Gobierno de Madrid, entre 600 mil y 700 mil personas participaron en la concentración.
El evento, que contó con la presencia de varios ministros de la coalición de izquierda en el poder, fue retransmitido por primera vez en directo por la televisión pública española.
Entre banderas arcoíris, manifestantes caminaron tras una pancarta con el eslogan de esta edición: “Visibilidad, Orgullo y Resiliencia“.
Entre ritmos de percusión brasileña y música tecno, muchos llevaban el torso descubierto o pistolas de agua para luchar contra las altas temperaturas.
“Me gusta ver las calles llenas de nuevo, pero el desfile debería ser más reivindicativo de los derechos, se ha transformado en una gran fiesta, con carrozas de discotecas, Es un gran negocio”, comentó Miguel Ángel Alfonso, un funcionario de 44 años.
La homosexualidad fue despenalizada en España en 1978, tres años después de la muerte del dictador Francisco Franco. Desde entonces, el país se convirtió en uno de los más tolerantes del mundo y autorizó el matrimonio homosexual y la adopción por personas del mismo sexo en 2005.
Sin embargo, sigue siendo importante dar visibilidad a las personas homosexuales, destacó antes del desfile la Federación Española FELGTBI+, que criticó el aumento de los discursos de odio que están “socavando los cimientos de la convivencia social y poniendo en peligro los avances logrados hasta la fecha”, según esta organización, que aprovechó la marcha para mostrar su apoyo al proyecto de ley “Trans” del Gobierno.
El texto, que será estudiado en el Parlamento en los próximos meses, permitirá a una persona cambiar de nombre y género en los documentos de identidad a partir de los 16 años con una simple gestión, cuando ahora se necesita ser mayor de edad, un informe médico y un tratamiento hormonal de, al menos, dos años.
También abre esta posibilidad a los menores de entre 12 y 16 años, bajo ciertas condiciones.
Si se adopta, España se convertirá en uno de los pocos países que autorizan la autodeterminación de género.