Este jueves 23 de junio, el Ministerio Público de Brasil informó que se realizó la interrupción del embarazo a la niña de 11 años, a quien una jueza le había impedido abortar después de haber sido violada.
En una nota, el ministerio lamenta “la triste situación vivida y reafirma su compromiso de garantizar el efectivo respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución”.
Embarazada de 22 semanas, la niña llegó en mayo junto a su madre a un hospital en Florianópolis, estado de Santa Catarina, para someterse a una intervención.
Según la ley brasileña, el aborto está permitido en casos de violación, cuando está en riesgo la vida de la madre o cuando el feto presenta anencefalia.
Una de las médicas que analizó el caso explicó a The Intercept Brasil que la niña corría riesgo de ruptura uterina, anemia, eclampsia y secuelas irreversibles. También consideró que había pocas posibilidades de que el feto sobreviviese.
Sin embargo, en su momento, la magistrada Joana Ribeiro no sólo impidió la intervención, sino que mandó a la menor a una casa de acogida ante la sospecha de que la violación pudo producirse en el ámbito familiar y por el riesgo, según la jueza, “de que la madre efectuase algún procedimiento para provocar la muerte del bebé”.