México extraditó este jueves al expresidente del Congreso de Guatemala Luis Rabbé (2015-2016), detenido en 2018 en territorio mexicano por su vinculación a una trama de corrupción con empleos ficticios, informó el Ministerio del Interior guatemalteco.
Según la fiscalía, Rabbé autorizó nombramientos irregulares de al menos 164 funcionarios del Parlamento, entre ellos algunos que no cumplían con los requisitos para el cargo y otros que solo cobraban salarios cada mes sin ir a trabajar.
La fiscalía indicó en la red social X que el exdiputado es señalado de los delitos de “abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción”.
Al llegar a los tribunales en la capital de Guatemala, el político criticó la causa que pesa contra él.
Sostuvo que la anterior fiscal general guatemalteca, Thelma Aldana (2014-2018), afirmaba que existían unas “30 mil plazas fantasmas en el Estado, ¿por qué razón no averiguó todas las demás plazas fantasmas, por qué se dedicó conmigo?”.
Después de varias horas en un juzgado donde le notificaron los cargos, Rabbé fue enviado a un penal que funciona dentro de un cuartel militar en el norte de la capital guatemalteca.
La justicia deberá programar audiencia para que brinde su primera declaración y deducir su futuro.
El 1 de agosto, la Corte de Constitucionalidad rechazó una apelación de la Fiscalía y confirmó el cierre de ese caso de las ‘Plazas Fantasmas’, un caso paralelo al de Rabbé.
Con ese fallo fueron beneficiadas 59 personas, entre ellas una decena de exdiputados, incluido un hermano del extraditado.
Rabbé, de 68 años, que lucía cabello cano y barba descuidada, fue entregado por México en un paso fronterizo en San Marcos (oeste) y luego trasladado en helicóptero a Ciudad de Guatemala.
Presidente del Congreso entre enero de 2015 y el mismo mes de 2016, Rabbé fue arrestado el 23 de julio de 2018 en Monterrey, México.
Había salió del país en agosto de 2016 tras perder la inmunidad como diputado y poco después se le declaró prófugo. La justicia mexicana avaló la extradición el 8 de mayo de 2019, pero diversos recursos legales demoraron su entrega a Guatemala.
Un juez guatemalteco había girado una orden de captura por su responsabilidad en la trama de plazas ilegales de funcionarios cuando presidía el parlamento.
Las pesquisas fueron apoyadas en esa época por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente avalado por la ONU creado en 2007 y que contribuyó en la revelación de sonados casos de corrupción.
La CICIG fue desmantelada en 2019 por el entonces presidente derechista Jimmy Morales (2016-2020).