El Gobierno de México rechaza la autorización emitida el día de hoy por el gobernador de Texas, Greg Abbot, para que fuerzas del orden estatales detengan y regresen a migrantes sin documentos a los cruces fronterizos para ser procesados por las autoridades migratorias.
En los Estados Unidos, la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del Gobierno federal, motivo por el cual nuestro diálogo en esta materia ocurre a ese nivel. Por tanto, esta acción solo se puede entender como parte de las campañas electorales en el estado de Texas.
El posicionamiento del Gobierno se da en respuesta a que, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó a la Guardia Nacional y a la policía estatal regresar a los migrantes sin documentos a México. Acusó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de mantener una política de “puertas abiertas” que alienta el tráfico de personas, armas y drogas.
Abott afirma que “el flujo de migrantes ha causado crisis en localidades texanas fronterizas con México”.
Según la Constitución y la ley federal, el gobierno federal tiene el deber exclusivo de hacer cumplir la política de inmigración y control de las fronteras. Sin embargo, en programas específicos, conocidos como “acuerdos de la Sección 287 (g)”, el gobierno federal ha delegado a agencias policiacas locales y estatales facultades para hacer cumplir la ley federal de inmigración.
En la orden ejecutiva, Abbott argumenta que la decisión del Gobierno de Biden de terminar con las expulsiones de Título 42 y el programa “Quédate en México”, lo obligaron a tomar estas medidas.
El Gobierno de México reitera su compromiso con la protección de los derechos de los mexicanos que se encuentran en el extranjero, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su red de consulados en el estado de Texas, estará atenta para responder a cualquier violación de estos por parte de las autoridades estatales.