Este 14 de febrero se dio a conocer que México regresa al banquillo de la Corte Interamericana de Derechos Humano (Corte IDH), esta vez por el caso de Lilia Alejandra García Andrade, una joven originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, víctima de desaparición y feminicidio.
Esta noticia fue dada a conocer por Norma Andrade, su madre, quien estuvo acompañada de los abogados Karla Michelle Salas y David Peña, integrantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, en el marco de que hoy se cumplen 23 años de esos hechos.
“Son muchos los sentimientos. Nos da alegría porque es un logro en esta lucha de ya 23 años. Es un escalón para finalmente de veras lograr a acceder a la justicia. Sabemos que estar en la Corte obliga de alguna manera al Estado Mexicano a hacerse responsable, de exigirle cuentas a Chihuahua el por qué no está resuelto el caso y los casos de jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez”, dijo Norma a Once Noticias.
Durante la conferencia se recordó que este caso ha sido emblemático dada la lucha que ha sostenido su mamá en donde ha enfrentado amenazas, hostigamiento y ha sido víctima de tentativas de asesinato en la búsqueda de justicia.
“Me he enfrentado a muchísimas cosas desde palizas por los escoltas de los gobernadores, porque íbamos a hacer plantones en sus eventos hasta intentos de homicidios. En 2011 tuve un intento de homicidio: me dieron cinco balazos, logro salir libre aun cuando una bala se me quedó alojada en el corazón. En 2012 me dan dos navajazos, aun cuando fue en el cuello no alcanzó llegar a la carótida”, expresó Norma.
Ambos intentos de homicidio permanecen impunes. Aunado a ello se le negó la adopción de sus nietos, hijos de Alejandra, y en su trabajo se le retuvo su salario durante un año.
“En 2017 se me retuvo mi sueldo durante un año, soy trabajadora de Gobierno, soy docente frente a grupo, y el Gobierno me detuvo un año mi sueldo como presión psicológica. Un día me llevaron detenida para hacerme un examen psicológico para ver si yo era la persona idónea para hacerme cargo de mis nietos. Por lo tanto, si yo no estoy o no estaba su abuelo, ¿Quién iba a hacerse cargo de ellos? ¿El Estado mexicano? No creo”, cuestionó la activista.
Además, se enfrentó a no poder solicitar trámites cotidianos, como acceder a servicios de salud, debido a que no hay protocolos para atender orfandad por feminicidios y desaparición.
Y es que precisamente entre las cosas que se demandan al Estado Mexicano es resaltar la ausencia de políticas públicas, para la atención de niños y niñas que quedan en orfandad porque sus madres han sido asesinadas y/o desaparecidas.
“Norma ha tenido obstáculos, se hizo cargo de sus nietos y lo que implica de manera legal, en lo cotidiano, no se dimensiona el tamaño de la problemática”, explicó David Peña.
Otra de las cosas que se demandan es que reconozca la violencia sexual como un acto de tortura y la existencia de patrones del feminicidio, dado que este caso, junto al de cientos que ocurrieron en este lugar (y que se les denominó “Las Muertas de Juárez“) se identificaron a grupos organizados que operan en este lugar bajo el amparo del poder y cuya naturaleza es sexual y sistémica.
“México no actuó adecuadamente y señaló que no ha generado una política pública que atienda y prevenga la violencia y desaparición de mujeres desde una perspectiva de género”, sentenciaron los abogados.
David Peña externó que el caso todavía se encuentra en etapa de investigación. En 2018 las autoridades locales detuvieron a Manuel “N”, pero hasta ahora “la Fiscalía de Chihuahua sólo ha detenido a una persona acusada de diversos delitos y no ha logrado probar que esa persona sea la misma que participó en los hechos con una muestra genética”, señaló Peña.
Fue en ese año que el caso de la joven fue remitido por la CIDH a la CorteIDH, luego de que se hizo la petición en 2002. Este 9 de febrero se les informó que fue admitido en el máximo tribunal internacional.
Y es que tal como explicaron, Lilia Alejandra no fue buscada inmediatamente. Posteriormente, una mujer denunció haber visto a la joven desnuda y tratando de huir desesperadamente de un hombre, pero la denuncia no fue atendida. Además de otros engaños que ha enfrentado Norma.
La abogada Karla Michelle relató que se cuentan con tres pruebas genéticas que se practicaron y en donde se obtuvieron perfiles genéticos parciales, a pesar de eso, la Fiscalía de Chihuahua se ha negado a comparar esas pruebas con Manuel “N”, quien está preso desde 2018, sin poder vincularlo al caso debido a la ausencia de esas pruebas, por lo que los abogado y Norma acusaron que sólo han fabricado culpables para librar las sentencias internacionales, pero en donde acusan que están involucrados gobernadores como Javier Corral y autoridades que se han negado a resolverlo.
Esta es la tercera que México llega a la Corte Internacional por casos de feminicidios. El primer caso fue el de Campo Algodonero, también ocurrido en Ciudad Juárez, en 2001. La sentencia al estado mexicano se dio en 2009. El segundo fue el de la abogada Digna Ochoa, asesinada en 2001, pero cuya sentencia contra el estado mexicano se dio hasta 2021.
Con el caso de Lilia Alejandra, México vuelve a estar ante la máxima Sala en derechos humanos por su responsabilidad internacional y por falta de debida diligencia en la investigación.