Este viernes, el Gobierno de México respaldó la propuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, de desmontar el enfoque represivo de la lucha antidrogas que promueve Estados Unidos desde hace medio siglo y que no ha logrado erradicar el narcotráfico.
“La tendencia que se ve es desmantelar la tesis de (el expresidente de Estados Unidos) Richard Nixon (1969-1974), que organizó la guerra contra las drogas como guerra, y acercarte al tema de consumo como un problema de salud y creo que es una tendencia correcta”, dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, durante un diálogo con el periodista estadounidense Jon Lee Anderson en Ciudad de México.
Desde su llegada al poder el pasado 7 de agosto, Petro ha denunciado el fracaso de la política represiva contra las drogas y alentado a Washington a definir una nueva estrategia para prevenir el consumo en las economías desarrolladas, y terminar con la persecución de los cocaleros en las selvas colombianas.
El pasado 3 de octubre, durante una visita del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, a Colombia, ambos Gobiernos coincidieron en darle un tratamiento más integral al problema.
Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos el principal consumidor.
En México, por su parte, operan algunos de los cárteles más poderosos con ramificaciones en numerosos países y dotados de armas que ingresan ilegalmente desde Estados Unidos.
llamada “Entendimiento Bicentenario”, que sustituyó a la Iniciativa Mérida, un pacto para combatir militarmente el contrabando de alucinógenos.
México registra más de 340 mil asesinatos, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales, desde el lanzamiento de esa ofensiva en diciembre de 2006.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, de izquierda como Petro, asegura que su estrategia para enfrentar el problema de la violencia en el país se basa en reducir la pobreza y dar oportunidades a los jóvenes.
En tanto, el Gobernante colombiano impulsa una política de “paz total“, con la cual pretende negociar el desarme y el sometimiento a la justicia de guerrilleros y organizaciones del narcotráfico, respectivamente.
En tanto, López Obrador rechaza negociar con los criminales.