El presidente de Argentina, Javier Milei, modificó mediante un decreto la Ley de Migraciones para establecer la expulsión y la cancelación de residencia a extranjeros que profieran mensajes de odio o inciten a la violencia contra el pueblo o ciudadanos argentinos debido a su nacionalidad, así como a quienes ultrajen símbolos patrios.
La normativa, que ya se encuentra vigente a la espera de su revisión en el Congreso, surge tras las denuncias del mandatario sobre una supuesta “campaña antiargentina” en redes sociales atribuida a gobiernos extranjeros.
Cuestionamientos de expertos y contexto político
Especialistas legales y politólogos han advertido que el decreto presenta vacíos significativos al no definir con precisión qué constituye un discurso de odio o los criterios para su detección, lo que abre espacio a la discrecionalidad estatal.
Asimismo, analistas señalan que la medida busca capitalizar el respaldo político en un contexto de dificultades económicas y coincide con tensiones diplomáticas recientes, generando además señalamientos sobre una aparente contradicción respecto a los límites de la libertad de expresión.