La situación del derecho al aborto en Argentina enfrenta un riesgo considerable, ya que el Gobierno está buscando derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada por el Congreso en 2020.
Esto se debe a un proyecto de ley presentado por diputados del partido ultraderechista La Libertad Avanza (LLA), encabezado por Javier Milei, que tipifica el aborto como un delito y propone penas de cárcel para las mujeres que decidan interrumpir su gestación.
El proyecto va más allá de revertir la ley actual, ya que incluso es más restrictivo que el Código Penal anterior a 2020, al no autorizar el aborto ni siquiera en casos de violación, dejando la decisión en manos de un juez.
Los legisladores justifican esta eliminación argumentando que la causal de no punibilidad por violación ha sido interpretada como una justificación de la práctica.
Según el proyecto, se propone castigar con penas de cárcel tanto a las mujeres que causen su propio aborto como a quienes lo practiquen, incluso en casos de violación.
Solo se considera no punible si el aborto tiene como fin evitar un peligro inminente para la vida de la madre.
La iniciativa ha generado controversia en la sociedad argentina, que ya ha debatido este tema en el Congreso en 2018 y aprobó la ley de aborto legal en 2020.
Desde entonces, se han realizado cerca de 250 mil interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público, y la mortalidad materna ha disminuido significativamente.
La presentación de este proyecto por parte de LLA no es una sorpresa, ya que tanto Milei como su vicepresidenta, Victoria Villarruel, se han manifestado en contra del aborto legal durante la campaña electoral y expresaron su intención de derogar la ley vigente.