En medio de una oleada de protestas en todo Israel y de los llamamientos continuos de la oposición, el Gobierno decidió aplazar la aprobación de la reforma al sistema judicial hasta finales de julio.
El partido político Otzma Yehudit publicó un comunicado, citado por la prensa local, según el cual el líder de esa facción y ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, acordó con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, postergar la aprobación de la reforma hasta la próxima sesión de verano de la Knéset (Parlamento israelí).
Huelgas y movilizaciones
Así, Israel vive este lunes una jornada de huelgas masivas que engloban a diferentes sectores que expresan de esta forma su rechazo a los planes del Gobierno conservador de Netanyahu de reformar radicalmente el sistema judicial.
Miles de israelíes se manifestaron frente al Parlamento y los trabajadores iniciaron una huelga nacional, mientras un creciente movimiento de protesta amenazaba con paralizar la economía en sus esfuerzos por detener el plan del primer ministro.
Los vuelos que salían del principal aeropuerto internacional del país quedaron en tierra, grandes cadenas de centros comerciales y universidades cerraron sus puertas y el sindicato más grande de Israel pidió a sus 800 mil miembros -en salud, tránsito, banca y otros campos- que dejaran de trabajar.
Además, los diplomáticos abandonaron el trabajo en las misiones extranjeras y se esperaba que los gobiernos locales cerraran las escuelas preescolares que administran y recortaran otros servicios. El principal sindicato de médicos anunció que sus miembros también irían a la huelga.
La creciente resistencia al plan de Netanyahu se produjo horas después de que decenas de personas salieran a las calles de todo el país en una muestra espontánea de ira por la decisión del primer ministro de despedir a su ministro de Defensa después de que pidió una pausa en la reforma.
Cantando “el país está en llamas”, encendieron hogueras en la carretera principal de Tel Aviv, cerrando la vía y muchas otras en todo el país durante horas.
Los manifestantes se reunieron nuevamente frente al Parlamento, convirtiendo las calles que rodean el edificio y la Corte Suprema en un mar agitado de banderas israelíes azules y blancas salpicadas con pancartas del “Orgullo del arcoíris”. Grandes manifestaciones en Tel Aviv, Haifa y otras ciudades israelíes atrajeron a miles más.
¿Qué plantea la reforma judicial de Netanyahu?
Hay tres proyectos de ley que integran la esencia de esta reforma judicial. Uno, modifica el Comité de Selección de jueces –integrado por nueve miembros–, que hoy requiere de un consenso entre la rama judicial y la política para nombrar a los magistrados del Supremo y del resto de Israel.
Con la reforma, el Gobierno dominaría esta composición y necesitaría solo una mayoría simple para elegir a los togados.
Los otros dos, apuntan a reducir las capacidades de la Corte Suprema para revisar las leyes aprobadas por el Parlamento. Por un lado, el máximo tribunal no podría invalidar las llamadas “Leyes Básicas” que, a falta de una Constitución, funcionan como normas fundamentales, mientras que por el otro, el Supremo solo podría impugnar las leyes regulares (las otras) si contradicen un derecho consagrado en una de las “Leyes Básicas” y con el apoyo de 12 de los 15 jueces –en vez de la mayoría simple actual–.
¿Qué impacto está teniendo o tendrá este plan?
Los efectos de dicha reforma judicial ya se sienten en el sector tecnológico, que representa 15% del Producto Interno Bruto (PIB) israelí, 10% de su fuerza de trabajo, la mitad de sus exportaciones y un cuarto de los impuestos sobre la renta. El temor de estas compañías es que un sistema judicial controlado ponga en riesgo la propiedad intelectual.
Esta incertidumbre también ha causado una caída de la moneda local –el shekel–, que en febrero se depreció casi 6% frente al dólar estadounidense, su valor más bajo en tres años, mientras que el índice de referencia TA-125 de la Bolsa de Tel Aviv se retrajo 3.5%.
Asimismo, el Banco de Israel y las agencias de calificación Moody’s y Fitch, han dejado claro los riesgos de la reforma, que no se restringen a lo financiero.