Por sus siglas en inglés, DACA significa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, y es una política que protege a alrededor de 800 mil jóvenes, conocidos como “dreamers”, que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.
Estas personas que cumplan los criterios de DACA, también tienen derecho a la autorización de empleo en la Unión Americana.
Para proteger a los jóvenes “dreamers” inscritos en el programa DACA y evitarles posibles deportaciones, la administración de Joe Biden publicó este miércoles una nueva norma que fortalece este plan y corrige falsas interpretaciones jurídicas.
El nuevo reglamento entrará en vigor el 31 de octubre y subsana los errores del memorándum de 2012 de la administración Obama, para proteger este programa de demandas judiciales de Gobiernos republicanos que pretenden dejarlo sin efecto.
En la práctica, se ratifica el estatus de que los jóvenes conocidos como “dreamers” no son prioridad para la deportación y pueden acceder a un permiso de trabajo renovable cada dos años.
La regla final del nuevo DACA, de 453 páginas, fue elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y está planificado para entrar en vigor el 31 de octubre.
Alivio para las y los graduados universitarios
También este miércoles, el presidente Joe Biden anunció que la mayoría de los graduados universitarios de Estados Unidos que siguen con deudas estudiantiles obtendrán un alivio de 10 mil dólares.
“Manteniendo mi promesa de campaña, mi administración está anunciando un plan para dar un respiro a las familias trabajadoras y de clase media mientras se preparan para reanudar los pagos de préstamos estudiantiles federales en enero de 2023”, dijo Biden en Twitter.
La quita parcial de 10 mil dólares, anunciada a tres meses de unas elecciones de medio mandato tradicionalmente difíciles para el partido en el poder, solo se aplica a aquellos que ganen menos de 125 mil dólares anuales.
Para aquellos que asistieron a la universidad con ayuda del Gobierno a través de las becas Pell, el alivio será de 20 mil dólares.
Según un estudio de la universidad de Pensilvania, el alivio de los 10 mil dólares por sí solo le costaría al Estado alrededor de 300 mil millones de dólares.
El gasto es necesario no solo por razones de justicia social, sino también para que Estados Unidos gane la competencia económica del siglo XXI gracias a la educación, justificó el mandatario de 79 años durante una alocución posterior.