La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) manifestó este viernes su preocupación por la militarización de provincias chilenas en zona mapuche, tras la muerte de un comunero en un incidente con miembros de la Armada.
La oficina recibió información de la muerte de Jordan Llempi Machacan (23 años) y de al menos tres personas heridas, incluido un menor de edad, por disparos en medio de operativos policiales y de Fuerzas Armadas”, dijeron desde el organismo de la ONU a través de un comunicado.El presidente de Chile, Sebastián Piñera, indicó que patrullas policiales acompañadas por efectivos de la Armada y del Ejército fueron emboscadas y atacadas por un “grupo terrorista” con armas de fuego, “algunas de grueso calibre” en una ruta que había sido bloqueada. El hecho ocurrió el miércoles pasado en una localidad ubicada en una de las cuatro provincias militarizadas de las regiones de Biobío y La Araucanía, a unos 600 km al sur de Santiago, que desde el pasado 12 de octubre se encuentran bajo estado de excepción, que durará hasta el próximo 11 de noviembre. Piñera ya pidió al Congreso renovar esta medida establecida tras una escalada de violencia.
Los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, dado que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones”, afirmó el representante de la oficina de ONU Derechos Humanos para América del Sur, Jan Jarab, quien también pidió una investigación “rápida, exhaustiva, rigurosa y eficaz” de los hechos.La versión oficial de un ataque armado se contradice con afirmaciones de heridos y testigos, quienes aseguran que los militares dispararon contra los vehículos que esperaban ante el bloqueo de la ruta. La violencia ha incrementado en la región en la última década ante la falta de solución al conflicto por la reivindicación de tierras ancestrales, con ataques incendiarios a predios privados y camiones. Las confrontaciones también sacaron a la luz la presencia del narcotráfico y de organizaciones de autodefensa, así como operativos policiales denunciados como montajes por los indígenas.