El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exhortó el martes a Nicaragua a poner en libertad a los detenidos encarcelados de forma arbitraria y a dejar de perseguir y acosar a opositores, periodistas y defensores de los derechos.
Denunciando las elecciones del 7 de noviembre y los anteriores ataques contra la oposición, Nada Al Nashif, la Alta Comisionada adjunta, exigió “la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y el restablecimiento pleno de sus derechos cívicos y políticos”.
Ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Al Nashif pidió también a Nicaragua “poner fin a las persecuciones judiciales y al acoso a opositores políticos, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos por sus opiniones y convicciones”.
Instó al régimen de Daniel Ortega a garantizar a las víctimas de “graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2018” que sus casos sean llevados ante la justicia y sean totalmente indemnizadas.
“Exhorto al gobierno de Nicaragua a restablecer rápidamente los derechos y libertades públicas, el estado de Derecho imparcial y aplicar plenamente la legislación conforme a las normas internacionales de los derechos humanos”.
Wendy Carolina Morales Urbina, fiscal general de Nicaragua, rechazó todas estas acusaciones del organismo de la ONU, en un video difundido durante el consejo.
“El gobierno de reconciliación y unidad nacional de Nicaragua, expresa de forma clara y contundente, su no aceptación” de esta declaración, dijo.
Estas alegaciones son “una repetición de noticias alejadas de la verdadera realidad, representando estas, una agresión unilateral en contra del pueblo nicaragüense y su gobierno legítimamente constituido”.
Y acusó de nuevo al Alto Comisionado de hacer “eco de la política intervencionista de los Estados Unidos”.
Al Nashif destacó que el Alto Comisionado tiene pruebas de que “al menos” 39 responsables políticos, periodistas, defensores de los derechos humanos, empresarios, líderes campesinos y estudiantes fueron puestos “en detención arbitraria” entre mayo y octubre.
Siete de ellos estaba registrados como precandidatos o habían manifestado su intención de participar en los comicios presidenciales.
Todos fueron detenidos infringiendo las normas de los derechos humanos, denunció Al Nashif.
De estas 39 personas, 35 siguen arrestadas en el centro de detención preventiva de “Nuevo Chipote”, en muchos casos sin poder comunicarse con el exterior desde hace más de 90 días. Algunos están totalmente aislados.