Diputados de todos los partidos de la oposición chilena presentaron este miércoles en el Congreso una acusación para destituir al presidente Sebastián Piñera por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal revelada en los “Pandora Papers”.
Piñera usó su cargo para negocios personales”, dijo el diputado Tomás Hirsch al presentar la acusación en la Cámara Baja.
Esto como el primer paso del proceso de destitución que podría prolongarse varias semanas.
Esta acusación constitucional, que según el presidente conservador chileno “no tiene fundamento alguno”, se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace cinco días por la misma operación: la venta en 2010 de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera cuando cumplía su primer mandato, de 2010 a 2014.
Ahora, la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, deberá decidir si aprueba o rechaza la acusación, una votación que se realizará la primera semana de noviembre, según explicaron fuentes del Congreso.
De recibir luz verde, la causa pasaría al Senado, que tendría que actuar como jurado para sellar la suerte de Piñera, cuyo segundo mandato, iniciado en marzo de 2018, culmina el próximo 11 de marzo.
Está previsto que el proceso de destitución en el Congreso se defina antes de las elecciones del 21 de noviembre, cuando se realizará la primera vuelta para elegir al próximo presidente de Chile.
La publicación de los “Pandora Papers” colocó en entredicho a Piñera, uno de los hombres más ricos de Chile, quien se defendió alegando que abandonó la administración de empresas en 2009, antes de asumir su primer Gobierno, por lo que no participó en la venta de Dominga.
Según una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, parte de los “Pandora Papers” del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la Minera Dominga fue vendida al empresario Carlos Alberto Délano, amigo íntimo de Piñera, por 152 millones de dólares, un negocio sellado en parte en las Islas Vírgenes Británicas.
El pago de la operación se tenía que hacer en tres cuotas y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”.