Organizaciones de derechos humanos y abogados independientes denunciaron penalmente a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, sus ministros y a jefes policiales por la muerte de seis personas durante protestas de diciembre en la región Apurímac, informaron este martes 14 de febrero los demandantes.
La denuncia sostiene que durante los primeros cinco días de manifestaciones en esa región (a 900 kms de Lima), que iniciaron el pasado 7 de diciembre cuando Boluarte asumió la presidencia, se contabilizaron “seis personas fallecidas, 83 personas heridas y decenas de personas detenidas, torturadas y víctimas de abuso de autoridad”.
“Cinco del total de los fallecidos fueron víctimas de proyectil de arma de fuego. Dos de ellas eran adolescentes y la mayor tenía solo 19 años”, agrega el comunicado del Instituto de Defensa Legal, una de las tres organizaciones que entablan la demanda.
La denuncia está dirigida contra Boluarte; el expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo; el entonces ministro de Defensa y hoy premier Alberto Otárola; el exministro del Interior César Cervantes, el comandante general de la policía Raúl Alfaro, otros dos mandos policiales y “contra quienes resulten responsables”.
El documento judicial, que fue entregado ayer lunes a la Fiscalía de la Nación, contiene material audiovisual, documentos y testimonios de víctimas “que demuestran la comisión de ilícitos penales”, aseguran los promotores.
“No es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del nivel más alto (…) No solo los efectivos policiales, que fueron actores directos, son responsables penalmente” sino “también lo son autores mediatos”, añadieron.
La denuncia se suma a otra investigación en curso de la fiscalía peruana para determinar si fuerzas de seguridad asesinaron a manifestantes durante la represión de marchas el pasado 15 de diciembre en el departamento de Ayacucho (sur), donde murieron al menos ocho manifestantes.
Las protestas en Perú, que estallaron luego de que Boluarte asumió el cargo en reemplazo del destituido Pedro Castillo, han dejado un saldo de 48 civiles y un policía muertos.
En las manifestaciones se reclama la renuncia de la mandataria -un pedido que es respaldado por 76% de los peruanos, según una encuesta de Ipsos divulgada el lunes-, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente.
Tras un pico de movilizaciones a mediados de enero, el clamor callejero ha amainado en la última semana, con convocatorias menos nutridas y un menor número de carreteras bloqueadas por manifestantes.