El Congreso de Panamá aprobó este viernes una moratoria por tiempo indefinido de la minería metálica, exigida en las calles desde hace dos semanas por decenas de miles panameños que rechazan la operación de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
Presionado por las protestas más multitudinarias desde la década de 1980 contra el dictador Manuel Noriega, la Asamblea Nacional -legislativo unicameral- aprobó por 59 votos a favor y dos abstenciones, la moratoria sobre las concesiones para la exploración y extracción de la minería metálica en todo el territorio panameño.
Las manifestaciones lograron este jueves, además, que el Congreso dejara en manos de la justicia la decisión sobre el polémico contrato firmado entre el gobierno y la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM), que permite la operación por 40 años de una mina de cobre en el Caribe panameño.
Los líderes de las protestas quieren que sea la Corte Suprema de Justicia la que declare inconstitucional el contrato para dar al país argumentos de defensa ante una futura demanda multimillonaria de la compañía.
“Es un gran logro para un país que estaba entregado a la minería. Nos queda el gran elefante (FQM) y eso lo vamos a pelear hasta el final por la vía constitucional y ante los arbitrajes internacionales que se presenten”, sostuvo la ambientalista Raisa Banfield.
Panamá se suma, en Centroamérica, a Costa Rica y El Salvador en esa política. La moratoria le permitirá frenar el trámite de 103 concesiones mineras y rechazar las prórrogas de 15 vigentes, según la ONG “Centro de Incidencia Ambiental” (CIAM).
Impacto económico
La agitación social estalló el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó la ley del contrato que firmó en agosto el gobierno de Laurentino Cortizo y FQM para sustituir el de 1997 que la Corte declaró inconstitucional porque la concesión se dio sin licitación y bajo condiciones altamente desfavorables para el Estado panameño.
Ese mismo día empezaron los bloqueos de carreteras y protestas que fueron aumentando progresivamente y han semiparalizado el país generando pérdidas millonarias en el turismo, comercio y, sobre todo, en la agricultura y ganadería.
Buscando aplacar el malestar, Cortizo y el Parlamento trataron de dar marcha atrás, pero sus erráticas decisiones, que incluyeron una propuesta de referendo, solo profundizaron la crisis.
El gobierno ha defendido el contrato argumentando que supondrá aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el monto del acuerdo inicial.
Las autoridades advierten que el cierre de la mina hará perder 8 mil empleos directos y 40 mil indirectos, y asestará un duro golpe a la economía, en momentos en que el Canal de Panamá debió reducir el tránsito de buques por la sequía.
“Si cerramos la mina, vamos al arbitraje y lo perdemos, esto va a ser más deuda pública”, advirtió Fernando Aramburú, exministro de Economía.
La firma mundial en servicios financieros J.P. Morgan aseguró que una rescisión del contrato con FQM significará un clima de menor confianza de inversión en el país.
La minera, que ha invertido más de 10 mil millones de dólares en Panamá, asegura que aporta el 5% del PIB a la economía del país. Desde febrero de 2019, produce unas 300 mil toneladas de concentrado de cobre al año, que representan el 75% de las exportaciones.