El Parlamento de Israel aprobó el proyecto de reforma judicial, impulsado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que impide a la Corte Suprema revisar la razonabilidad de las decisiones gubernamentales y ministeriales.
El primer gran proyecto de ley de la reforma judicial del Gobierno fue aprobado en la Knesset (el Parlamento unicameral de Israel) por 64 votos a favor y 0 en contra, después de que todos los miembros de la coalición gobernante votaran a favor, mientras que todos los miembros de la oposición abandonaron el recinto mientras se celebraba la votación nominal.
La votación en segunda lectura incluyó 140 objeciones y duró varias horas. Se inició tras un agotador debate de 26 horas que comenzó el domingo pasado en horas de la mañana.
Según el texto de la ley, se prohíbe a los tribunales ejercer control alguno sobre la razonabilidad de las decisiones del gabinete y los ministros, incluidos los nombramientos y la decisión de no ejercer las facultades conferidas.
¿Qué plantea la reforma judicial de Netanyahu?
Hay tres proyectos de ley que integran la esencia de esta reforma judicial. Uno, modifica el Comité de Selección de jueces –integrado por nueve miembros–, que hoy requiere de un consenso entre la rama judicial y la política para nombrar a los magistrados del Supremo y del resto de Israel.
Con la reforma, el Gobierno dominaría esta composición y necesitaría solo una mayoría simple para elegir a los togados.
Los otros dos, apuntan a reducir las capacidades de la Corte Suprema para revisar las leyes aprobadas por el Parlamento. Por un lado, el máximo tribunal no podría invalidar las llamadas “Leyes Básicas” que, a falta de una Constitución, funcionan como normas fundamentales, mientras que por el otro, el Supremo solo podría impugnar las leyes regulares (las otras) si contradicen un derecho consagrado en una de las “Leyes Básicas” y con el apoyo de 12 de los 15 jueces –en vez de la mayoría simple actual–.
¿Qué impacto está teniendo o tendrá este plan?
Los efectos de dicha reforma judicial ya se sienten en el sector tecnológico, que representa 15% del Producto Interno Bruto (PIB) israelí, 10% de su fuerza de trabajo, la mitad de sus exportaciones y un cuarto de los impuestos sobre la renta. El temor de estas compañías es que un sistema judicial controlado ponga en riesgo la propiedad intelectual.
Esta incertidumbre también ha causado una caída de la moneda local, el shekel, que en febrero se depreció casi 6% frente al dólar estadounidense, su valor más bajo en tres años, mientras que el índice de referencia TA-125 de la Bolsa de Tel Aviv se retrajo 3.5%.