Por lo menos cuatro países de la Unión Europea (UE), incluida España, registraron una utilización “ilegítima” de programas espías, sostiene un informe provisional presentado este martes por el Parlamento Europeo.
Asimismo, el reporte que pide una “moratoria” de estas tecnologías.
“El uso indebido de spyware en los estados miembros de la UE es una grave amenaza para la democracia en todo el continente. En una democracia, poner a las personas bajo vigilancia debería ser la excepción”, dijo la responsable por el informe, la eurodiputada holandesa Sophie in’t Veld.
El informe identificó la utilización de programas espías en Polonia, Hungría, España y Grecia.
Gobiernos del bloque negaron compartir información
Además, In’t Veld lamentó que en muchos casos, Gobiernos de los Estados del bloque se hayan negado a compartir información oficial con la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo (PEGA), que tuvo que basar su trabajo en otras fuentes, en particular investigaciones periodísticas.
“En Polonia y Hungría, vemos que el spyware en estos dos casos, el programa israelí Pegasus es parte integral de un sistema diseñado para controlar e incluso oprimir a los ciudadanos que critican al gobierno, miembros de la oposición, o periodistas comentó.
En el caso de Grecia, añadió, hay señales de ataques sistemáticos y a gran escala, como parte de una estrategia política clara (en este país se trataría del programa espía Predator).
También dijo que en España, hay sólidos indicios de que figuras políticas y otras personas han sido espiadas sin relación con una amenaza clara e inminente a la seguridad nacional.
In’t Veld también agregó que el Comité Parlamentario debería investigar más el caso de Chipre, citando “indicios” del uso de este tipo de vigilancia en los ciudadanos.
“Debemos reconocer que todos los Estados miembros tienen spyware a su disposición, aunque no lo admitan”, expresó In’t Veld.
Ante esto, propuso en el informe una moratoria sobre la venta, adquisición, transferencia y uso de estas tecnologías.
Ahora, este informe deberá ser discutido por los diferentes grupos políticos representados en el Parlamento y ser sometido a votación de la plenaria en marzo de 2023, aunque si se prorroga la misión ello podría ocurrir en junio.