La Asamblea Nacional Francesa inició este lunes el debate sobre la impopular reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron en un ambiente tenso entre protestas de la oposición de izquierdas, que obligó a suspenderse temporalmente la sesión.
“Ya estamos aquí, ya estamos aquí” decía en la tribuna el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, cuando la presidenta de la Cámara Baja, la centrista Yaël Braun-Pivet, se vio obligada a suspender la sesión durante unos minutos ante las protestas.
Las bancadas de izquierda protestaban contra la atribución mediante sorteo a la extrema derecha la posibilidad de defender una enmienda pidiendo que la reforma se someta a un referéndum, pese a que la izquierda fue la primera en proponerlo.
Oposición a la propuesta
El debate no es de poca importancia. Dos de cada tres franceses se opone al retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años propuesto por Macron, quien, al carecer de mayoría absoluta, necesita el apoyo de la oposición de derecha Los Republicanos en el Parlamento.
Aunque compartida por gran parte de la oposición, la propuesta defendida por la extrema derecha no tiene; sin embargo, visos de pasar, ante el rechazo de la izquierda a votar una propuesta de la ultraderechista Marine Le Pen.
Para esquivar la situación, un grupo de oposición independiente presentó también una enmienda pidiendo un referéndum, considerando que debería tenerse en cuenta y, en su caso, realizar un nuevo sorteo, a lo que se opuso Braun-Pivet, exministra de Macron.
Tras una breve pausa, la sesión pudo retomarse en un ambiente tenso y el ministro de Trabajo pudo iniciar la defensa de una reforma que, según el Gobierno, busca evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones.
El debate parlamentario es el primer episodio de una semana clave para la reforma, a la que seguirá una tercera jornada de huelga y protestas el martes y una nueva manifestación el sábado, que se anuncia masiva.
El Gobierno, decidido a sacarla adelante pese al rechazo popular, usó un procedimiento parlamentario que limita el tiempo de debate en la Asamblea y en el Senado (Cámara Alta).
Si para el 26 de marzo las dos cámaras del Parlamento no lograron pronunciarse, el Gobierno de Macron podrá aplicar su reforma por ordenanza.