Este miércoles, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció la disolución del Congreso, a través de un mensaje a la Nación.
Asimismo, el mandatario declaró un “Gobierno de excepción”, la reestructuración del Poder Judicial y un toque de queda nocturno.
Además, Castillo, quien sumió el poder en julio de 2021, anunció también la próxima convocatoria de elecciones al Congreso para aprobar una nueva Constitución.
Convocaremos en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley explicó.
Esta medida ha provocado el rechazo de las distintas fuerzas políticas, incluso del partido que lo llevó al poder, Perú Libre, por ir en contra de la democracia.
“Perú Libre no apoyará golpe de Estado en marcha, estamos contra el hiperparlamentarismo, la prensa no es confiable en el país, ningún testimonio está corroborado, pero tampoco ponemos la mano al fuego por el presidente Castillo. No apoyaremos la vacancia”, comentó Vladimir Cerrón, presidente de la formación.
Por su parte, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señaló su rechazo de manera enfática a todo quebrantamiento del orden constitucional, por lo que exhortó al mandatario a respetar la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia que tanto nos ha costado.
“El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Ha violado el Artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad. Esto es un autogolpe“, mencionó el analista político Augusto Álvarez.
El anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.
El Congreso de Perú, dominado por la derecha, tenía programado debatir este miércoles una moción de destitución contra Castillo por “permanente incapacidad moral”, una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos exmandatarios desde 2018.