En Perú, ante la visita de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el depuesto presidente, Pedro Castillo, pidió una reunión urgente con los representantes del organismo, en la prisión donde fue confinado.
“Estoy privado arbitrariamente de mis derechos, dijo Castillo a través de redes.
La misión de la CIDH ya se reunió con autoridades de Ayacucho, donde fallecieron al menos 10 de las 26 personas que han muerto en enfrentamientos con militares.
Por otra parte, en un comunicado, Human Rights Watch (HRW) pidió a las autoridades de Perú realizar investigaciones inmediatas, exhaustivas e independientes sobre el “asesinato” de manifestantes.
Precisamente en Ayacucho, la Fiscalía regional informó que abrió investigación contra altos mandos de la policía nacional.
Asimismo, la canciller peruana, Ana Gervasi, precisó que junto a los salvoconductos de los familiares de Castillo, se entregó al Gobierno de México el expediente judicial de Lilia Paredes, por delitos criminales que, de prosperar, obligaría a la extradición de la esposa del presidente depuesto.
Caso Pedro Castillo
El pasado 7 de diciembre, Castillo intentó cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto, pero no tuvo respaldo institucional y fue detenido bajo cargos de rebelión. Asumió el gobierno su vicepresidenta, Dina Boluarte.
La policía detuvo al exmandatario horas después de su destitución cuando intentaba llegar a la Embajada de México para solicitar asilo.
Ante esto, manifestantes pedían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.
Por ello, en un intento de mitigar la crisis, el Parlamento aprobó el martes avanzar los comicios generales de 2026 a abril de 2024.