Perú aprobó una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, en la lucha contra las guerrillas, una iniciativa que beneficiará al expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados.
A pesar del rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ley fue publicada en la Gaceta Oficial y entrará en vigor a partir del sábado 10 de agosto.
Esta ley anula los procesos por presuntos crímenes cometidos durante el conflicto interno, que dejó más de 69 mil muertos y 21 mil desaparecidos entre 1980 y 2000.
“Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”, señala la norma.
Según las autoridades peruanas la ley sirve para precisar la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación local.
La ley aplica para los delitos cometidos antes de 2002, año en que entró en vigencia en Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que interviene en crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra. Este estatuto estipula que los delitos más graves no prescriben.
¿Ley de impunidad?
El Gobierno de Perú rechazó que se trate de una amnistía encubierta o “ley de impunidad”, como señalan grupos defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas de matanzas cometidas por militares entre 1980 y 2000.
Esta norma permitirá la prescripción automática de unos 600 casos de presuntos crímenes de guerra investigados desde hace más de tres décadas.
También beneficia al expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992. El exmandatario de 86 años, fue excarcelado el 7 de diciembre de 2023 bajo el amparo de un indulto humanitario, pese a la objeción de la justicia interamericana.
Rechazo de la ONU
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, cuestionó que el Congreso peruano aprobara esta ley, a la que considera contraria al Derecho Internacional.
En un comunicado señala que dicha legislación contraviene las obligaciones del país en virtud del Derecho Internacional y es un hecho preocupante, en un contexto más amplio de retrocesos en materia de derechos humanos y el Estado de derecho en Perú.
“Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción”, señaló.