El Gobierno de Perú instruyó la militarización de dos de las principales ciudades del país, durante 30 días, para frenar la delincuencia organizada y los delitos comunes.
En una resolución publicada en el Diario Oficial, el presidente Pedro Castillo ordenó el despliegue de las fuerzas armadas a partir de este martes en la capital, Lima, y la ciudad de Callao.
La medida se adopta a solicitud de la Policía Nacional del Perú, como vía para asegurar el control y el mantenimiento del orden interno ante el incremento significativo de la delincuencia.
La resolución precisa que la intervención de las Fuerzas Armadas no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que Perú es parte.
En el documento también se advierte un incremento significativo del índice delictivo en dichas zonas, en las que operan organizaciones delictivas dedicadas, ente otros, al tráfico ilícito de drogas en sus distintas modalidades.
Así como la tenencia ilegal de armas, robos, hurtos y demás delitos que ponen en peligro la integridad física de la ciudadanía y que han logrado sobrepasar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú.