Con una descomposición política creciente, que frenó su crecimiento económico, Perú tendrá nuevas elecciones presidenciales en abril.
De la división que ha polarizado al sistema, habla la existencia de 23 precandidatos al máximo cargo, incluidas las polémicas figuras de Keiko Fujimori y Ollanta Humala.
La nación sudamericana acumula dos décadas de inestabilidad política, con ocho exmandatarios procesados penalmente por corrupción, incluido Alan García, quien se suicidó cuando era investigado. Cuando nada parecía peor, Perú llegó al extremo de tener tres presidentes en una semana.
Martín Vizcarra, el presidente con la mayor aceptación popular en América, fue destituido por el Congreso el mes pasado, imputado por recibir sobornos cuando gobernó una provincia.
Su sustituto, Manuel Merino, fue obligado a renunciar al quinto día de su designación, tras la represión policiaca que dejó dos muertos y decenas de heridos, en protesta contra la remoción de Vizcarra.
José Briceño Ruiz, especialista del Centro de Investigaciones para América Latina y el Caribe, sostiene que la venganza ha sustituido al ejercicio político democrático en Perú.
El que piensa políticamente distinto, el que tiene un proyecto o apoya un proyecto políticamente distinto empieza a ser visto como enemigo y la democracia no es una cuestión de enemigos”, José Briseño.
Cuando una fuerza política llega al poder, suele derivar en un ejercicio autoritario, donde el poder presidencial opera por encima del judicial y legislativo.
Eso lo hizo Fujimori, eso lo hizo Vizcarra, en fin, de eso tenemos muchas experiencias en América Latina. La calidad democrática en nuestra región lamentablemente ha sufrido un deterioro brutal”, agregó.
Francisco Sagasti es el cuarto mandatario en el periodo presidencial para el que originalmente fue electo en 2018 Pedro Pablo Kuszynski, destituido también por corrupción y hoy en prisión domiciliaria.
Sagasti conducirá a su país a la elección de abril, aunque ya enfrentó las primeras sacudidas sociales que lo obligaron a sustituir a dos ministros de gobernación.
Y a aceptar la derogación de la Ley Agraria que reclamaban miles y miles de campesinos.