Miles de mujeres y niñas migrantes han quedado en la incertidumbre y peligro de ser víctimas de secuestro, extorsiones, violencia de género, agresiones sexuales, separación familiar y falta de acceso a salud debido a las medidas implementadas por el gobierno mexicano y estadounidense desde el inicio de la pandemia, por lo que es necesario que ambos deben modificar sus políticas migratorias.
Lo anterior es señalado por la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) en el reporte “Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021″, en el cual entrevistaron a diversas mujeres que huyeron de sus contextos violentos en busca de ayuda, pero no la encontrar, en vez de ello fueron deportadas a sus países de origen o esperan en estancias migratorias en condiciones precarias a que sus trámites sean resueltos.
En 2021, detalla este reporte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió un incremento histórico de 131 mil 448 solicitudes de asilo, de las cuales 41% fueron de mujeres y 24% de menores de edad, sin embargo, muy pocas de ellas o casi nada han obtenido una respuesta, ya que el presupuesto de la COMAR fue reducido y tarda más de un año en dar respuesta a una petición, a pesar de que debe hacerlo en menos de 3 meses.
Las organizaciones explicaron que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden desarrolló al inicio de su administración estrategias para ayudar a las personas migrantes y resolver los casos de separación de familias después del programa “Quédate en México”, como el Grupo de Trabajo Interagencial para la Reunificación de Familias, sin embargo con la llegada de la pandemia comenzó a aplicar el “Título 42” (una ley de seguridad pública) para realizar deportaciones masivas a México, por lo que estiman que un millón 100 mil personas han sido expulsadas de este país, de las cuales 187 mil eran familias compuestas.
De este total de personas, dijeron, 23% fueron mujeres y 8% menores de edad (originarios de Venezuela, Honduras, entre otros países), quienes fueron obligados a subir a aviones hacia territorio mexicano (Tapachula, Villahermosa, Tabasco) y así ser llevados a la frontera con Guatemala, por autoridades y cruzar a pie hacia este territorio sin notificar a sus consultados, lo que es una violación a sus derechos como migrantes porque limitan su acceso a un procedimiento de asilo, a la no devolución, y al debido proceso.
A esta política, agregaron, se sumó que la Corte estadounidense pidió a la administración de Biden fortalecer el “Título 42” y reinstalar el programa “Quédate en México“, política que fue impuesto de enero de 2019 a enero de 2021 por el expresidente, Donald Trump. Período en el cual se registraron más de mil 900 agresiones contra personas migrantes, y mujeres embarazadas y menores de edad fueron retornados a sus países pese de haber sido víctimas de abuso sexual en esos sitios, lo que las y los condeno a más violencia por sus agresores.
Ejemplo de ello, comentaron, es el caso de Elena, originaria de Honduras, quien trató alojarse en un albergue de Tijuana, después de haber sido expulsada de Estados Unidos, pero la rechazaron por falta de capacidad. Un perro la atacó a ella y a su hijo de 20 meses de edad, lo que terminó en que el fallecimiento del menor.
“Empujar a las mujeres a situaciones de vulnerabilidad en las que tienen que esperar en condiciones peligrosas e insalubres con sus familias mientras se procesan sus solicitudes de asilo en México o Estados Unidos es contrario al marco de protección que ambos gobiernos se han comprometido a implementar. En lugar de sufrir violencia reiterada y excesiva, las mujeres deberían recibir protección. Ninguno de los gobiernos carece de mecanismos legales, carecen de voluntad política”, coincidieron las organizaciones.
En 2021, resaltaron, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional y la policía realizaron diversas detenciones de personas migrantes, de las cuales 30% fueron mujeres y 27% menores de edad, a pesar que 60% de las migrantes dijeron escapar de la violencia de género en sus países, por ejemplo Liliana, de origen guatemalteco, contó que decidió migrar porque su esposo la agredía, pero en el camino fue secuestrada por un grupo de hombres militares y fue liberada después de varios meses.
📰#Boletín #MujeresSolicitantesDeAsilo
— IMUMI (@IMUMIDF) February 2, 2022
⚠️@wrcommission e #IMUMI publican reporte “Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia…" que expone cómo gobiernos de 🇺🇸 y 🇲🇽 han dejando a mujeres solicitantes de asilo en situaciones de peligro.
📰https://t.co/nsd0tRTECY pic.twitter.com/TJ6uVcNYcg
Frente a este panorama, las organizaciones pidieron eliminar las expulsiones bajo el “Título 42”, restaurar el acceso al asilo, dejar de presionar a México para que intensifique su política migratoria de contención, impulsar la estrategia para gestión colaborativa de la migración, revertir la expansión y reinstalación de “Quédate en México”, generar datos mensuales sobre las expulsiones, y reformar la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político para permitir que las personas sigan su proceso de asilo desde diferentes partes del país.
Además de estos cambios, también demandaron destinar un presupuesto adecuado a la COMAR, garantizar que las mujeres que hayan sufrido o que sigan en peligro de violencia en México tengan acceso a programas de reubicación, detener el uso de la Guardia Nacional y el Ejército en labores de control y contención migratoria, asegurar el acceso a la educación pública para todas las personas migrantes y niñez y adolescencia refugiada, entre otras.