El Parlamento portugués podría adoptar este viernes una ley que autoriza la “muerte médicamente asistida”, y que convertiría a este país católico en el cuarto de Europa en legalizar la eutanasia, tras Bélgica, Luxemburgo y Holanda.
El resultado favorable de esta votación final, prevista a media jornada, parece asegurado en la medida en que en febrero del pasado año una mayoría de diputados adoptó varios textos favorables a la eutanasia.
Esta ley, que va a fusionar las diferentes propuestas, prevé que los portugueses mayores que vivan en el territorio del país y se encuentran en “una situación de sufrimiento extremo, que presenten lesiones irreversibles” o afectados por “una enfermedad incurable” puedan recurrir al suicidio asistido.
Holanda se convirtió en abril de 2002 en el país pionero en mundo en legalizar la eutanasia. Le siguieron Bélgica y Luxemburgo; y de momento son los únicos tres sitios en Europa donde es legal la muerte asistida
La solicitud del enfermo al final de su vida debe ser validada por varios médicos, así como por un psiquiatra cuando haya dudas sobre la capacidad de la persona a hacer una elección “libre y consciente”.
Llegado el momento, el médico del paciente tendrá que asegurarse una última vez de su voluntad de poner fin a sus días en presencia de testigos.
La muerte asistida podrá ser practicada en centros del servicio nacional de salud o en otro lugar “elegido por el paciente” siempre y cuando disponga de “condiciones clínicas y confort adecuadas”, precisa la ley.
– Tribunal Constitucional –
Si el Parlamento vota a favor este viernes, la ley será enviada al presidente conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que podrá promulgarla, someterla al análisis del Tribunal Constitucional o vetarla, aunque dicho veto sería anulado por una segunda votación de los diputados.
Reelegido el domingo para un segundo mandato, el jefe del Estado es un católico practicante que ha evitado hasta ahora tomar posición abierta sobre dicha ley.
Según la politóloga Paula Esprito Santo, “esta cuestión para él es la cuadratura del círculo” y el jefe del Estado podría estar tentado de recurrir al Tribunal Constitucional.
Para la diputada socialista Isabel Moreira, especialista en derecho constitucional que participó en la redacción final de la ley, se trata de un texto “consensuado” que defiende la “dignidad humana”.