El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ordenó intervenir el Consejo Nacional de Vialidad como parte de la investigación que inició el Gobierno al detectar una red de corrupción, en la que funcionarios desde la Presidencia y otras dependencias, adjudicaron contratos de obra pública a cambio de sobornos.
Las autoridades calculan pérdidas por al menos 125 millones de dólares, entre 2018 y 2020.
El lunes pasado, la Fiscalía Anticorrupción realizó 57 allanamientos y mantiene detenidos a 30 personas sospechosas de participar en esta red.
Entre los detenidos figuran personas de apellidos Cerdas Araya, González Carballo, Arce Alpizar y Bonilla Guillén, de la empresa constructora MECO, así como una mujer de apellido Solís Vargas, relacionada a la empresa constructora H. Solís.
También fueron detenidos en la sede del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) dos personas de apellidos Rojas Monge y Madrigal Rímola.
Los operativos están a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en conjunto con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que atribuyen a los sospechosos haber creado un “un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Conavi”, indica un comunicado del Ministerio Público.