El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asomó la posibilidad de continuar la remoción de funcionarios nombrados por sus antecesores, en medio del reclamo internacional y la aversión de los mercados tras la destitución de un grupo de magistrados y del fiscal general por parte del Parlamento el fin de semana.
El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”, escribió este lunes el mandatario en Twitter sin precisar qué funcionarios siguen en la mira del Congreso, controlado por sus aliados desde el 1 de mayo.
Aquí nos costó 30 años botar el régimen que nos tenía en la miseria, en la corrupción, en la inseguridad y en la desesperanza”, comentó.
Además, denunció que los fucnionarios negociaban con la vida del pueblo y ordenaban asesinatos desde las instituciones.
Si la oposición gana en Nicaragua, dejarían a la Corte y la Fiscal Sandinista.
— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) May 3, 2021
Si la oposición logra ganar en Honduras, dejarían a la Corte y Fiscal de JOH.
Si la oposición gana en Venezuela, dejarían a la Corte y Fiscal del Chavismo.
Digo, por aquello del balance de fuerzas.
La junta directiva de diputados de la Asamblea Legislativa, luego de una reunión, acordó volver a sesionar el próximo miércoles.
Los aliados de Bukele, que controlan 61 de los 84 escaños de la nueva Asamblea Legislativa unicameral, destituyeron, apenas se invistieron en el cargo el sábado, a los cinco magistrados titulares y cuatro suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la de mayor peso de ese tribunal y de inmediato se nombró a sus reemplazantes.
También destituyeron al fiscal general, Raúl Melara, cuestionado por tener vínculos con la oposición y nombraron un sustituto.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo este martes que su país “debe responder” ante la destitución de magistrados en El Salvador y que la independencia del poder judicial es crítica para la salud de una democracia.
Antes ya habían condenado esa decisión la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras organismos humanitarios y miembros de la sociedad civil salvadoreña denunciaban una actitud autoritaria.
A los reclamos se sumó este lunes la Unión Europea (UE). Su portavoz de Política Exterior, Josep Borrell, aseguró que estas decisiones atentan contra el estado de derecho y pidió salvaguardar la independencia del poder judicial en El Salvador.
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